[dropcap]E[/dropcap]n su toma de posesión en agosto de 2012, el presidente Danilo Medina expresó que “sin electricidad no hay desarrollo, es así de sencillo”. Y también dijo: “Parece mentira, que en la segunda década del siglo XXI tengamos que decirlo, y lo cierto es que no podemos esperar más para encarar con voluntad definitiva este problema”. Acto seguido, declaró al sector eléctrico de “Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”. Así está en su discurso.
Uno de los ejes descritos por Medina, que ahora cumple su primer período e inicia el próximo este 16 de agosto, se enfoca en las altas pérdidas en las empresas distribuidoras. Otro punto señalado por el jefe de Estado es la necesidad generación de bajo costo y la regulación e institucionalidad del sector.
“Nos proponemos firmar un pacto de largo plazo y cambiar radicalmente el esquema actual del subsidio”, dijo el Presidente.
Ahora, al final de su primer mandato, es saludable recordar que los problemas siguen impertérritos. El Presidente asumió el compromiso desde una perspectiva de Estado. Cuatro años después es muy probable que no esté conforme con los resultados en el sector eléctrico.
Pero el problema del sector eléctrico es complejo, aunque la solución sea sencilla. Quizá es cuestión de voluntad política, como la implementada en otras obras que se han hecho en tiempo récord.
Ha quedado demostrado que las recetas no han funcionado. Las empresas distribuidoras de electricidad hacen lo mismo: compran energía a los generadores, la comercializan a través de las redes de distribución, tienen a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) como su matriz, operan en un mismo territorio, se caracterizan por ser ineficientes y su único dueño es el Estado.
Entonces, ¿para qué hay tres distribuidoras? Resulta ilógico, desde el punto de vista financiero, operativo y de coherencia administrativa, que existan tres empresas haciendo lo mismo, cuyo único dueño es el Estado, que a su vez debe sostenerlas porque son deficitarias.
Peor es, además, que cada distribuidora cuenta con un consejo de administración con siete miembros cada uno, haciendo nada, reuniéndose, si lo hacen, no se sabe cuántas veces ni para qué, pues los resultados financieros de las distribuidoras establecen, claramente, que son administradores fracasados.
Hay tantas cosas que se pueden hacer que no necesariamente depende de recursos. Hace cuatro años Medina dijo que, en una segunda etapa de reformas, y siempre preservando el Estado la propiedad de las distribuidoras, cuando se estime necesario, se concesionaría al sector privado la actividad de comercialización, pero además, que se subcontrataría la instalación de contadores de telemedición y un sistema de control que permita detectar con precisión dónde se producen las pérdidas.
Pasaron cuatro años y nada de esto ha sucedido.
Ahora no sólo se inicia un nuevo período gubernamental y seguro habrá que renovar las esperanzas y las promesas de solución, sino que el sector eléctrico está en un contexto en el que los precios de los combustibles están bajos, finalizaron los Acuerdos de Madrid y está en estado avanzado el proceso de discusión del Pacto Eléctrico.
Aprovechar este momento económico, especialmente para mejorar la eficiencia de las distribuidoras, sería una decisión inteligente.
