Según la Ley 166-03 del 6 de octubre de 2003, a los ayuntamientos les corresponde el 10% del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de cada año, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos. Eso implica que, por ejemplo, para este 2024, las alcaldías estarán manejando alrededor de RD$122,000 millones, es decir, más de US$2,000 millones a la tasa vigente. Entendiendo que, actualmente, existen en República Dominicana 158 ayuntamientos municipales y 235 direcciones de distritos, ese monto de recursos debería ser suficiente para impulsar un proceso de desarrollo rural a todo lo largo y ancho del territorio.
Sabemos que la mayoría de los que nos leen no entenderán la lógica de lo que estamos planteando y, en virtud de eso, haremos las aclaraciones de lugar. La totalidad de los 235 distritos municipales que tiene el país se encuentran en zonas rurales, en donde, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vive el 75% de la población mundial pobre, y la cual se caracteriza por varias insuficiencias en cuanto al trabajo decente: elevadas tasas de desempleo y subempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres; limitada protección social; un 60% de trabajo infantil, concentrado en la agricultura; prevalencia del trabajo forzoso en ciertos contextos; solo un 10% de sindicalización; gran número de actividades informales; trabajo temporal u ocasional; deficientes condiciones de trabajo; y exclusión del ámbito de aplicación de las leyes de trabajo y como cuestión de hecho o de derecho”.
Entonces, si ese es el panorama económico y social en el que viven millones de personas en República Dominicana, los recursos destinados a los ayuntamientos ubicados en los distritos municipales deberían servir para algo más que para pagar la nómina. Pero esto no se queda ahí, pues el hecho de que la mayoría de las alcaldías fuera ganada por el partido en el gobierno, eso constituye una oportunidad única para tener una mirada conjunta, integral, de largo alcance, enfocada en el desarrollo local de estos pequeños gobiernos locales. Para posibilitar esto que estamos planteando, se necesita el concurso de la Liga Municipal Dominicana, apoyando en los procesos técnicos de planificación y elaboración de presupuesto participativo.
Además, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) debería echarle una mano para fortalecer a estos ayuntamientos de los distritos municipales, a fin de darle una direccionalidad a sus ejecutorias con posterioridad a la asignación de recursos. En este caso, también, el concurso de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) sería útil a los fines de fortalecer la gestión de los recursos puestos a disposición de dichos ayuntamientos.
Parecería algo utópico lo que se está planteando, pero no lo es. El desarrollo económico local se ha podido lograr en diferentes partes del mundo, solo es cuestión de que haya voluntad política, intencionalidad, liderazgo, participación de la gente y alianzas público-privadas en el territorio.
Por último, conviene decir que no siempre se debe esperar a lo que diga el gobierno central para empezar a hacer las cosas que importan en el territorio. Hagamos el ensayo, el ejercicio, la prueba de promover, en conjunto con las comunidades, el desarrollo rural y veremos que por sus frutos los conoceréis.
