El Gobierno dominicano ha sido criticado por la oposición política debido a que, supuestamente, ha utilizado el otorgamiento de pensiones solidarias con fines de captar adeptos en tiempos de campaña electoral. Entre las razones está el hecho de que, durante la presente gestión, el presidente Luis Abinader ha otorgado 38,294 pensiones solidarias, cada una por un monto de RD$6,000 mensuales.
Sin embargo, para Juan Rosa, titular de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), lo que ha hecho el presidente Abinader es cumplir un mandato legal, que le concede la facultad de conceder ese tipo de facilidad económica a las personas que así lo necesiten.
De hecho, Rosa considera que no tiene sentido decir que se conceden pensiones solidarias a políticos para sonsacarlos, debido a que el monto de este beneficio es apenas un 60% del salario mínimo del Estado, que está en RD$10,000 mensuales. Además, agrega que el porcentaje de rechazos de solicitudes supera por mucho la cantidad de aprobaciones, luego de una “rigurosa” depuración.
Puso como ejemplo que para el pasado mes de enero se recibieron 12,180 solicitudes de pensiones solidarias, de las cuales solo se aprobaron 4,495, para un 37%, mientras que el 50% (6,066) fueron rechazadas, un 8% está pendiente de evaluación y otro 5% es de personas que no aparecieron en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), uno de los filtros que se aplica a cada solicitante.
Entrevistado en el programa Economía Popular, que se transmite por la Z-101 FM y los canales 90 y 110 de Altice y Claro, respectivamente, el funcionario señaló que a su llegada al poder en agosto de 2020, en esa institución habían registrados 6,972 beneficiarios de pensiones solidarias.
“De esa fecha hasta febrero de este año, se ha aumentado la cantidad hasta llegar a 45,266 personas con pensiones solidarias”, agregó.
Esto implica que el monto económico para ese tipo de pensiones pasó de RD$41.8 millones mensuales a RD$271.5 millones cada mes.
Más rechazos
Rosa dijo que cada tres meses se realizan evaluaciones de las solicitudes de pensiones solidarias que recibe la DGJP.
En el cuarto trimestre de 2023, específicamente en octubre, habían 11,989 solicitudes formalizadas, de las cuales el 47% fueron rechazadas y solo el 19% recibió aprobación. Otro 30% permanecía en fase de evaluación y el resto no habría sido ubicado por el Siuben.
El trimestre anterior, para el mes de julio, la cantidad de solicitantes fue mucho mayor, tras alcanzar 17,161, pero se rechazaron 9,988, para un 58%, mientras el 27% fue aprobado y el 15% estaba pendiente de evaluación.
“Estos datos indican que no se trata de un beneficio que se concede con fines políticos, sino que, por el contrario, es sometido a una depuración y evaluación rigurosa, porque se trata de recursos del Estado que nosotros estamos en el deber de vigilar”, dijo el funcionario.
Depuración
Las solicitudes de pensiones son recibidas por la DGJP mediante distintas vías, tanto de manera directa, por parte de los interesados, como a través de instituciones que ofrecen ayuda social a envejecientes, discapacitados y a otras personas.
Entre esas instituciones están los consejos nacionales de Personas Envejecientes (Conape) y de Discapacitados (Conadis).
Pero cada una de esas solicitudes es sometida a una proceso de depuración, que implica determinar si tiene ya una pensión del Estado activa y no lo comunicó, si hay un decreto o resolución de aprobación de pensión y el beneficiario no lo sabía, si está registrado en una nómina de empleado pública o privada o si algún pariente lo tiene registrado como asegurado en un plan complementario de servicios de salud.
Además, por medio del Siuben, se busca en la base de datos a los fines de determinar si está o no en nivel de pobreza extrema, así como de pobreza vulnerable, ya que puede tener ingresos, pero por debajo de lo requerido para calificar.
Otros motivos de rechazo son el no cumplimiento del requisito de edad, si está repetido en alguna lista de beneficiarios, si existe un error en los documentos entregados o si ya falleció antes de la depuración, pues la mayoría de solicitantes son envejecientes en pobreza.
“Esa depuración es rigurosa y no distingue de simpatías políticas”, agregó Rosa.
Ajustes de los montos y más beneficiarios
Aporte estatal. El director de Jubilaciones y Pensiones del Estado dijo que el presidente Abinader no solo ha agilizado las solicitudes de pensiones que estaban estancadas durante la gestión anterior, sino que también dispuso ajustes en las vigentes, para el tengan un mínimo de RD$10,000 mensuales, como el salario mínimo estatal.
En el caso de las pensiones a civiles por cumplimiento de labores y por casos especiales (no solidarias) pasaron de 125,478 en agosto de 2020 a 142,822 a febrero de este año, para un aumento de 17,344. Esto implica que el monto mensual de pago de pensiones estatales pasó de RD$1,492.7 millones a RD$2,483.5 millones.
En tanto que para los policías pensionados, que a agosto de 2020 eran 21,087, ha habido aumentos escalonados del monto devengado, así como de la cantidad de beneficiarios, que a febrero de este año suman 24,839. El monto mensual de pensiones pasó de RD$449.8 millones a RD$721 millones.
“Esos incrementos en la mensualidad de las pensiones, que antes eran muy bajas, implican más dinero del presupuesto, porque ahora las pensiones mínimas son igual que el salario mínimo estatal, es decir, RD$10,000”, agregó Rosa.
