Si James McGill Buchanan, el autor de la Teoría de la elección pública, estuviera vivo, las elecciones municipales dominicanas fueran un buen caso de estudio para él continuar fundamentando su tesis, de cómo la élite gobernante toma decisiones sesgada a favor del interés político partidario, mucho más que el interés ciudadano, a través de acciones que procuran beneficios políticos particulares, más que ponderar el daño institucional y los costos que acarrea. Aprovechando los déficits de la gente de menores ingresos, la acción pública en tiempo de elecciones adquiere connotación de incentivos, con el propósito de agenciar adeptos, más que asistirlo a solucionar sus problemas.
Lo penoso que implica el tipo de la elección pública referida, es que, en contraposición, los electores, pudiendo aprovechar el momento para castigar a quienes lo han perjudicado con la inacción pública o con la acción pública que no lo incluye, cambian la oportunidad de una mejor gerencia gubernamental, por el asistencialismo en la época electoral, para luego volver a quejarse durante otro tiempo.
Por el momento, el legado de Buchanan permite extrapolar algunas de sus enseñanzas y aplicarlas al caso de las elecciones municipales en la República Dominicana, del pasado 18 de febrero del año en curso. Basado en el marco legal vigente, las leyes sobre el Régimen electoral y la de los Partidos políticos y agrupaciones, así como, además, la Resolución 86-2023 de la Junta Central Electoral (JCE), el sistema de partido político del país recibe periódicamente recursos públicos para sufragar parte de los gastos que incurren con sus actividades ordinarias y extraordinarias.
Conforme al marco legal vigente, la Resolución de la JCE estableció el tope máximo que cada partido y candidato puede gastar en los diferentes tipos de elecciones. Para la recién pasada, las municipales de febrero, los partidos podían gastar hasta RD$ 1.75 por cada elector, los candidatos a alcaldes hasta RD$ 87.50 por cada elector y los postulantes a ser regidores RD$ 43.75, como gasto extraordinario, un 5.0 % más del total.
Si lo dispuesto se cumpliera medianamente fuera un éxito, pero no lo es, los partidos gastan y mucho, especialmente si están en el poder, tanto así que casi se monta una carrera, de quién gasta más en las elecciones cuando se está en el gobierno, haciendo que la mejor maquinaria política no sea el partido como instrumento de la democracia, sino el gobierno, que resulta el medio por excelencia para mostrar músculos, no solo en el día de las elecciones, sino desde antes.
Una versión cada vez más socorrida es la que afirma que todos los partidos lo hacen cuando están en el gobierno, como validando la inconducta, a pesar del cambio en el estilo de gobernar que se ha prometido, más no ha sucedido. Las elecciones municipales han concluido y el sonido del triunfo y los ruidos de los que no tuvieron los resultados esperados, nos hace olvidar cómo se comportó el gasto público dominicano, a no ser de las denuncias en cuanto a la entrega de bonos, electrodomésticos, publicidad, dinero en efectivo, etc. En el caso de los bonos, como su asiento contable se realiza por el método del devengado y no por el percibido, su registro lucirá desapercibido para la contabilidad pública del año 2024 y adornará a la del 2023 como un gasto social.
Pero quedándonos con la contabilidad presupuestaria del 2024, la cortada al viernes 16 de febrero del año en curso, justo dos días antes de las elecciones municipales que se efectuaron el domingo 18, nos permite examinar su comportamiento, mismo que por sus resultados han de suponer que los autores actuaron con conocimiento de causa porque les beneficiaba electoralmente.
El presupuesto nacional del 2024 nos dice que el gasto público total alcanza los RD$ 1,418,686 millones y el de 2023, la erogación fue de RD$ 1,327,981 millones, equivalente a un crecimiento nominal anual de un 6.8 %. Partiendo de un comportamiento similar a lo largo del año, resulta lógico suponer que al 16 de febrero del 2024 lo gastado debió rondar la métrica de aumento estimada, pero no ha sido así, por el contrario, su crecimiento se ha desviado hacia el alza con creces.
El gasto público en vez de crecer en un 6.8 % en las primeras 7 semanas del 2024, aumentó en un 12.0 %, para una elevación de 5.2 puntos porcentuales, respecto a igual periodo de 2023, de manera que se incremento más de lo estimado, coincidiendo con el año electoral, al menos para los que fueron los comicios donde se eligieron a las nuevas autoridades municipales. El aumento del gasto público en lo que va de año registra el monto de RD$ 19,814 millones, lo que implica un exceso de gasto sobre sobre el incremento estipulado de RD$ 8,461 millones.
La postura fiscal en materia de gasto público se hizo evidente en partidas que en nada tiene que ver con el desarrollo nacional o el aumento del patrimonio público, veamos: el gasto de capital, el que se destina a inversión pública en obras y adquisición de equipos y maquinarias, fue de RD$ 14,395 millones, casi exactamente igual al del 2023 que fue de RD$ 14,310 millones, eso evidencia que el aumento del gasto público en tiempo de campaña, en nada tiene que ver con las inversiones del gobierno.
En contraposición, el gasto corriente, el que se puede prestar para fines políticos, –por sus efectos asociados a las acciones sociales- si creció en forma significativa, al pasar de RD$ 152,644 millones en el 2023 a RD$ 172,374 millones, para un aumento de RD$ 19,730, equivalente a un 13.0 %, muy superior al previsto con el gasto público total para todo el año 2024, lo que indica una fuerte concentración temporal en ese tipo de gasto, que puede ser vinculado al tiempo de campaña municipal.
La muestra del aumento del gasto público en tiempo de campaña electoral no se queda en la partida general del gasto corriente, puede ser advertida en gastos específicos, como el de las remuneraciones, que crecieron en RD$ 8,683 millones, el del gasto en publicidad que pasó de RD$ 100 millones al 16 de febrero de 2023 a igual fecha en el 2024 a RD$ 326.0 millones, para un aumento de RD$ 226 millones, gasto que tal vez se asocia para crear subjetividad en los electores y simpatías.
En la misma línea se encuentra el gasto en dietas que pasó de RD$ 113 millones a RD$ 137 millones, el transporte, que aumentó de RD$ 19.8 millones a RD$ 67.0 millones, la compra de combustible que también experimentó una fuerte subida, al pasar de RD$ 578 millones a RD$ 620.0 millones, lo que equivale a decir, que sin el precio de la gasolina y demás derivado del petróleo crecer, el gobierno gastó mucho más, el equivalente a RD$ 42.0 millones en tan solo 7 semanas.
La conducta gubernamental medida por el aumento del nivel del gasto público durante el tiempo que va de año, coincidente con el periodo de campana electoral municipal, permite hacer un llamado de atención para que igual comportamiento no se repita para las elecciones presidenciales del 19 de mayo.
En términos de auditoria forense, el exceso de gasto público en tiempo de campaña permite señalar que el victimario fue el gobierno, las víctimas, las finanzas públicas y la democracia, al verse afectada por una abstención que sobrepasó los referentes en tiempo de normalidad y las autoridades electas, aunque legitimas carecen de legitimización.
