[dropcap]A[/dropcap]unque el proyecto de reformas a la Ley 58 de 12 de diciembre de 2012, que reestructura las medidas de retorsión en caso de medidas discriminatorias contra Panamá por parte de otros Estados, parece tener como prioridad la adopción de medidas económicas contra Colombia.
Una revisión rápida de su contenido deja en evidencia que el documento también enfila los cañones panameños hacia Francia, país que a principios de año incluyó al istmo en su lista de paraísos fiscales.
En abril pasado, en medio del escándalo mediático generado por un informe (papeles de Panamá) publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y un conglomerado de medios de comunicación liderados por el diario alemán Süddeutshe Zeitung (Gaceta del Sur) sobre la creación de sociedades offshore por parte de la firma forense panameña Mossack-Fonseca, el ministro de Finanzas francés Michel Sapin, desató una guerra contra Panamá.
Por ello no es extraño que ahora que se prepara una nueva Ley de retorsión, Panamá perfile sus cañones contra Francia, y prueba de ello es que una vez aprobada la reforma se abrirá la posibilidad de suspender el movimiento de transporte terrestre, aéreo y marítimo de cargas peligrosas bajo la Clase 7, lo que se refiere a material radioactivo, una medida que, sin duda, podría poner fin al paso por el Canal de Panamá de barcos con uranio empobrecido o enriquecido para el sistema de generación de energía francés.
