La oficina del Defensor del Pueblo ha emitido un estudio sobre la caótica situación del tránsito vehicular, el cual me recuerda las comisiones que se creaban durante los gobiernos de Joaquín Balaguer sobre cualquier conflicto que se quería echar al olvido. Así se acallaban las voces y todo seguía peor que igual. Eso me parece el estudio de marra publicado el lunes 13 de mayo en un diario matutino.
Lo primero es que no hay necesidad de gastar dinero haciendo estudio sobre lo que sabemos que debemos hacer y sin haberlo intentado. De la información servida, interpreto que se obvió la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana del 24 de febrero de 2017, que costó esfuerzo y mucho dinero al Congreso Nacional para diseñarla y aprobarla, la cual se debe modificarse si la misma no responde a nuestras necesidades.
El estudio plantea que para reducir los accidentes de transito con sus consecuencias, recomienda al gobierno hacer una gestión cuidadosa y regulaciones específicas para controlar el crecimiento del parque vehicular en la República Dominicana. O sea, que aquí mueren muchas personas, y otras quedan minusválidos, y el Estado gasta más de RD$150,000 millones. ¿Por qué circulan muchos vehículos? Es cierto que muchos motores en las calles sin control ni educación son los responsables del 70% de los accidentes, pero debemos buscar cuales son las razones para que existan.
Pero vámonos a la ley en su Artículo 38.- Derechos de los usuarios. Los usuarios del servicio público de transporte terrestre tendrán derecho de elección, calidad, eficiencia, seguridad y a recibir un trato equitativo y digno, que garantice los principios de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de los servicios públicos a precios justos y razonables.
Aquí está la razón para que existan tantos vehículos circulando en nuestras calles. No había que gastar dinero haciendo más estudios, solo leer la ley. No existe un servicio colectivo adecuado para la población satisfacer sus necesidades y se ve en la obligación de adquirir y usar una solución individual, mi estimado Defensor.
Pero no solo usted se equivoca, también nuestros lideres políticos, no saben o no quieren asumir la responsabilidad de abordar con objetividad el gran problema.
