Como era de esperarse, y también como crónica de una muerte anunciada, el presidente de la República, Luis Abinader, ha colocado el tema de las reformas estructurales como parte de sus prioridades en lo que será su segundo período al frente de la administración pública.
Dentro de estas reformas, la que se plantea con más dificultades para la búsqueda de consenso es la reforma fiscal, ya que la misma, cualquiera que sea su contenido y dirección, afectará a diversos y múltiples intereses tanto en el orden público como en el ámbito privado.
Sin embargo, esta reforma es un mandato de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establecido en el Eje Estratégico No. 3, en donde se plantea que se debe “Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia tributaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento (Línea de Acción 3.1.1.2)”.
Pero, al margen de lo establecido en la END, se visualizan algunas interrogantes: ¿por qué realizar una reforma fiscal en estos momentos? ¿Qué tipo de reforma fiscal sería necesaria, ideal y conveniente? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos vinculados a la reforma de marras? ¿A cuáles sectores podría beneficiar o perjudicar más dicha reforma? ¿Se podrá lograr consenso con la oposición política y con la oligarquía para que la reforma fiscal tenga una mayor legitimidad?
Aun cuando no podrían estar todas las respuestas a estas peguntas, intentaremos ensayar con algunas ideas que nos aproximen a explicaciones y/o reflexiones relativamente válidas y que contribuyan al debate.
Lo primero es que cualquier reforma del sistema impositivo de un país debe tender a resolver distorsiones históricas que se han generado en el pago de los tributos y que, como resultado, han conducido a inequidades y distorsiones afectando a determinados sectores más que a otros.
También, por el lado del gasto público son incontables las incongruencias y deficiencias que se pueden encontrar y que han hecho del Estado dominicano un ente supernumerario, aumentando ineficiencias y disminuyendo la capacidad de generar bienes y servicios públicos de calidad para la gente.
Otra explicación es que la historia reciente del comportamiento del déficit fiscal (3.0% del PIB, 2008-2022), y la dificultad que se ha tenido para equilibrar las finanzas públicas, obliga a repensar el sistema tributario y a buscar salidas para reducir el endeudamiento público que esto ha traído como consecuencia.
Por otro lado, el tipo de reforma fiscal necesaria e ideal para el país será aquella que permita una sostenibilidad fiscal, que sea integral en su contenido, progresiva, equitativa y, sobre todo, que permita impulsar el desarrollo productivo y, en particular, la expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por el lado de los desafíos de una posible reforma fiscal, uno sería evitar que se establezcan parches para favorecer a determinados sectores y que, al final, su implementación no logre los resultados e impactos positivos que se desean. Así también, un desafío fundamental de una potencial reforma fiscal es hacer que la oposición política y la oligarquía apoyen el proceso y se integren de manera sincera y propositiva. Si esto ocurriera, las posibilidades de éxito de dicha reforma estarían casi aseguradas.
Cualquier reforma fiscal que se implemente, siempre tenderá, sin que sea intencional, a favorecer a determinados sectores en perjuicio de otros; sin embargo, estoy podría evitarse si prima la equidad en su diseño, y si se puede buscar un balance entre los costos y beneficios de la reforma para los agentes económicos.
Finalmente, varios elementos deben estar claros al momento de plantear, diseñar e implementar una reforma fiscal.
El primero es que la responsabilidad principal, con sus costos políticos y económicos, es de las autoridades gubernamentales y esto no se delega.
El segundo es que, en todo momento debe haber transparencia sobre el proceso y tener las cuentas y datos claros sobre la realidad de la gestión fiscal.
Un tercer elemento es la conveniencia de revisitar la END y rescatar el pacto fiscal y, por último, no olvidar el estudio de las mejores prácticas en cuanto a la realización de procesos de reforma fiscal en países similares al nuestro.
