[dropcap]E[/dropcap]n las últimas semanas ha sido tema de debate en los medios de comunicación la decisión de los senadores de la República de aumentarse los salarios en forma, según algunos, desproporcionada y en un momento inoportuno, dadas las necesidades de mejores condiciones salariales de trabajadores en diversos sectores del Estado.
Pero la indignación de una parte de la población, así como su exigencia de que ese aumento no se haga efectivo no está del todo bien enfocada, pues al analizar la situación económica del Congreso Nacional (Senado y Cámara de Diputados) se puede determinar que un aumento o reducción del salario de los legisladores en nada incide en la economía del resto de la población dominicana.
¿Cómo que no? Así como se lee. ¿Por qué? Porque el reclamo de los dominicanos debe enfocarse no en los salarios de los legisladores, sino en la partida presupuestaria del Congreso Nacional y el uso que ese poder del Estado le da a una cantidad tan extraordinaria de recursos.
En el presupuesto de este año el Poder Legislativo tiene una asignación de RD$6,101.7 millones (RD$2,075.7 millones para el Senado y RD$4,025.9 millones para la Cámara de Diputados). Esa cantidad, señores lectores, es mayor a la asignación presupuestaria de otro poder del Estado que sí necesita de mucho más recursos: el Poder Judicial, con apenas RD$6,022.2 millones.
Resulta que el Congreso Nacional está integrado por 193 diputados y 32 senadores, los cuales, si bien necesitan personal y áreas administrativas para sus funciones, están ubicados –o deben estarlo– en un solo recinto, no tienen la obligación de estar presentes en todo el país y mucho menos de estar repartiendo regalos, prebendas y otras “asistencias” sociales que nada tienen que ver con la función constitucional de legislar por el bienestar del país.
El Poder Judicial, en cambio, tiene la obligación de hacer justicia en el más remoto rincón del territorio nacional, por lo tanto debe tener tribunales instalados en todas las demarcaciones del país, con personal calificado y suficiente para hacer que el derecho constitucional de ser juzgados de manera imparcial y equitativa llegue a todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos y extranjeros radicados en el país.
Entonces, la lógica indica que el presupuesto del Poder Judicial debería ser mucho mayor del que reciben, mientras que la partida que administra el Poder Legislativo es posiblemente mucho más elevada de lo que en la práctica necesitan esos representantes para operar.
Pero pierden energías los que de buena intención critican y se oponen a los aumentos salariales de los legisladores. Sin embargo, reitero, hacen un reclamo más enfocado, pues en realidad, es posible, muy posible, que el nivel salarial nominal de los legisladores sea relativamente bajo si solo recibieran el sueldo al que hacemos referencia. Pero no es así. Todos disfrutan de los denominados “barrilito” y “corralito” con partidas extraordinarias que son mucho más superiores que los sueldos que cobran.
Si los legisladores decidieran bajarse el salario a la mitad, como quiera estarían gastando este año RD$6,101.7 millones. De todas formas agotarían cada centavo de lo que ellos mismos se asignaron como partida presupuestaria este año y el resto de la población no se estaría ahorrando un solo centavo. De igual manera ellos usarían esos fondos, ya sea como salario, como gasto de representación, como gasto de asistencia social, como partidas extraordinarias o como sea, pues el Congreso Nacional goza de autonomía administrativa y presupuestaria.
Por lo tanto, el reclamo de la población no debe ser en contra del aumento salarial de los legisladores. Debe ser enfocado hacia el hecho de que los legisladores se reduzcan la partida presupuestaria asignada cada año y así, esa reducción, se reflejaría en un ahorro para el Estado, el cual se podría invertir en otras áreas.
De lo contrario, señores, aunque los legisladores se quitaran sus respectivos salarios, como quiera seguirían gastando lo mismo –o tal vez más– de la friolera de RD$6,022.2 millones en un solo año.
