En un artículo publicado el lunes 3 en el Diario Libre, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, presenta un análisis sobre el sistema de transporte titulado: “El sistema de transporte es un pilar para la accesibilidad y la igualdad de derechos”. Aunque su enfoque es loable, comete un error similar al de su estudio anterior sobre el mismo tema, del cual he escrito en artículos previos.
Este error radica en desconocer el marco legal vigente, específicamente la Ley 63-17 aprobada por el Congreso, que aborda la solución del problema del transporte.
Es positivo que Pablo Ulloa esté preocupado por los accidentes de tránsito, que resultan en la muerte de más de 3,000 personas anualmente. Además, más de 25,000 dominicanos quedan con discapacidades, lo que agrava el círculo de la pobreza y genera numerosas consecuencias negativas, como él bien menciona.
Estos problemas podrían mitigarse con una mejor calidad del tránsito.
Sin embargo, ya conocemos las causas de los accidentes, y repetirlas o realizar estudios innecesarios no aporta soluciones. La preocupación básica del defensor del pueblo debería ser proponer y exigir acciones concretas. En el artículo, “Subtitulado: Escenarios y oportunidades”, Ulloa sugiere apelar a los conductores de la OMSA para que adopten comportamientos consecuentes con las necesidades de los discapacitados, y promueve el uso de bicicletas y monopatines eléctricos, aunque estas medidas son positivas, no tienen ningún impacto para mejorar el caos vial que vivimos.
En ninguna parte de su artículo, Pablo hace referencia a la ley 63-17, la cual recomiendo encarecidamente que lea. Esta ley establece las medidas pertinentes para abordar muchas de sus sugerencias. Exigir a los organismos responsables el cumplimiento de esta ley sería un gran servicio a la ciudadanía, ya que podría reducir significativamente los accidentes, heridos y muertos causados por violaciones constantes, irrespeto y falta de sanciones.
En su último párrafo, el defensor del pueblo escribe: “El transporte público eficiente y sostenible es un derecho y una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más justa y equitativa”. Sin embargo, no plantea nada que no esté ya contemplado en la ley, la cual propone soluciones concretas. Entonces, ¿cuál debería ser el papel del defensor del pueblo? Exigir el cumplimiento de la ley y la aplicación de sanciones para quienes la violen.
Si el INTRANT, la DGII y la DIGESSET cumplen con el Artículo 161 de la ley, no tendríamos camiones en las carreteras con neumáticos lisos, sin luces y conductores drogados.
No veríamos vehículos en mal estado con instalaciones de gas defectuosas, ni autobuses deteriorados con choferes maleducados y vulgares que ofenden y atropellan a los ciudadanos y otros muchos males.
Sr. Ulloa, con todo respeto, le pido que lea la ley y exija su cumplimiento. Le aseguro que esto no solo reducirá los accidentes, sino también el estrés y los conflictos en nuestras calles. Muchos otros problemas que afectan a los ciudadanos encontrarán solución si aplicamos la ley y ponemos fin a la impunidad de aquellos que se aprovechan de las debilidades sociales mientras los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones.
