[dropcap]E[/dropcap]l origen moderno del concepto «seguridad ciudadana» es consecuencia directa de otro concepto del siglo XVIII al inicio de la Edad Contemporánea: el orden público. Es un concepto liberal que aparece en el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento fundamental de la Revolución Francesa: “Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley”.
El artículo cuatro del mismo documento relaciona la libertad individual con este concepto al señalar que “la libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) define la seguridad ciudadana como la inexistencia de violencia y delito, salvaguardada por el Estado, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aporta una definición inicial calificando la seguridad ciudadana de aquella seguridad humana que previene contra el delito súbito contra las personas y su patrimonio.
De ahí que seguridad ciudadana y clima de inversión están íntimamente atados, asumiendo que, en líneas generales, por seguridad ciudadana debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.
El presidente Danilo Medina, en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto pasado, recordó que la seguridad ciudadana no le concierne únicamente a la Policía y que apostaba a un abordaje integral, que incluye acciones coordinadas de los servicios sociales, el sector privado y la ciudadanía.
“Vamos a conquistar, día a día, la seguridad en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en el interior de los hogares dominicanos”, indicó el Presidente. Se trata de la seguridad de las personas, seguridad de sus bienes y, por lo tanto, de las inversiones. Y eso, concierne a toda la sociedad.
Condición clave
La seguridad ciudadana es considerada como una condición clave para propiciar el clima de confianza necesario al desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas, que posibilitan el desarrollo económico y social sostenido.
Desde el Segundo Trimestre del 2013 a la fecha el Índice de Confianza Industrial, una herramienta desarrollada y manejada directamente por la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) ha mostrado un comportamiento positivo. Es lo correspondiente con lo informado por el Gobierno en el sentido de que el desempeño de la economía dominicana se ha reflejado en una caída significativa del nivel de riesgo país, muy importante para los inversionistas extranjeros.
Al empresariado local esta estabilidad le inyecta un espíritu positivo, factores nada despreciables y fundamentales a la hora de definir lo que es un saludable clima de inversión. Sin embargo, esto por si solo no es suficiente.
También hemos planteado que, además de la confianza que es un capital que hemos depositado en el país y en el trabajo conjunto con el Gobierno, hay también elementos clave del clima de inversión que es importante tomar en cuenta para garantizar la necesaria seguridad jurídica que fortalezca esa confianza manifestada.
Atentan contra ella los excesivos trámites burocráticos, la suplantación de funciones entre entidades públicas (el caso del transporte es un símbolo de este tema), la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario, el incumplimiento de algunas leyes vigentes, imposiciones de arbitrios, lo cual se resume en un concepto: debilidad institucional.
Un planteamiento fundamental –no lineal, pero parte de la complejidad– es que un mejor clima de negocios, el fortalecimiento de la estabilidad económica y el mejoramiento de los indicadores sociales, especialmente en el área de salud y educación, contribuye a mejorar el clima de seguridad ciudadana.
En otras palabras: en la medida en que podamos mejorar la calidad de la educación, incrementar significativamente las condiciones que favorezcan la generación de empleos formales y de calidad y brindar seguridad jurídica al sector empresarial, estaremos contribuyendo a incrementar factores que inciden en la seguridad ciudadana en República Dominicana.
Seguridad empresarial
Un concepto novedoso y relacionado es el de la “seguridad empresarial” en el sentido de que hacer negocios en República Dominicana, grandes o pequeños, no se convierta en un riesgo muy alto, aunque siempre hay riesgo, pues ser empresario es arriesgar, es emprender).
La pregunta en este ámbito sectorial será siempre: ¿cuáles elementos incrementan el riesgo de hacer negocios y, por lo tanto, la “inseguridad empresarial”? Los empresarios también tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestra actividad, independientemente de que nos vaya bien o nos vaya mal en la apuesta que hacemos que es, en definitiva, una apuesta por el país.
Es necesario que nuestras inversiones sean respetadas, que nuestras deudas sean pagadas, que podamos dedicarnos a crear riqueza y empleos dignos y que la misma sea compartida por los inversionistas, trabajadores, obreros, la cadena de suministro y el Estado.
Un tema clave en la “seguridad empresarial” es la continuidad de las políticas de Estado. Por ejemplo, en el año 1995, el gobierno del presidente Joaquín Balaguer sometió al Congreso Nacional la Ley de Inversión Extranjera, la cual fue promulgada ese mismo año. Sin embargo, quedaba pendiente la preparación y aprobación de su reglamento para fines de aplicación.
En 1996, Leonel Fernández fue electo presidente de la República y de inmediato el nuevo Gobierno asumió la importante ley y preparó el reglamento necesario convirtiendo, con la aplicación de esta ley, a República Dominicana en el país más atractivo para la inversión extranjera de toda la región. Eso es continuidad.
Hoy día las estadísticas económicas y financieras de nuestro país lideran a los países del Caribe y Centroamérica. Este tipo de acciones, que reflejan la importancia y necesidad de dar continuidad a las diferentes iniciativas y compromisos del Estado, contribuyen a fortalecer la seguridad ciudadana, jurídica y empresarial de nuestro país.
Página institucional de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
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