Una de las políticas públicas que mayor impacto tiene en el desempeño del gobierno del Estado es la política fiscal, que tiene dos componentes: de un lado, el gasto público, con incidencia en la ecuación del producto interno bruto (PIB), a través de la demanda de consumo y de la inversión pública y, por otro lado, los ingresos, con influencia sobre los agentes económicos mediante el funcionamiento del sistema tributario y con el cobro de impuestos.
Comúnmente, a la política fiscal se le asigna un rol de herramienta para el impulso al desarrollo, sobre todo en países de ingresos medio y bajo, además de servir como instrumento para mantener la estabilidad económica. Adicionalmente, se requiere que la política fiscal que se defina, sea congruente con la política monetaria implementada por el Banco Central, de modo que no se afecte la meta de inflación ni los objetivos vinculados a las tasas de interés y a la tasa de cambio.
A todo esto, la política fiscal debe ser tan efectiva como para hacer que se reduzca el déficit fiscal, actualmente de un 3.1% del PIB, al tiempo que sirve para promover el desarrollo productivo, es decir, la expansión de los sectores económicos.
Pero, qué ocurre, por lo menos en el caso dominicano, que la presión tributaria es tan baja (14.3%) en comparación con la mayoría de los países de la región y, al mismo tiempo, existe una alta demanda por exenciones tributarias y exoneraciones, un déficit cuasi fiscal del Banco Central que, según expertos, se torna insostenible, y un sector eléctrico que supera los RD$86,000 millones anuales.
En el contexto de una posible reforma fiscal, resulta crucial la definición e implementación de una política fiscal más agresiva, sobre todo desde el punto de vista recaudatorio, pero más restrictiva desde la óptica del gasto público. Esto implica que la gestión de la administración tributaria deberá ser mucho más eficiente, con metas claras y específicas sobre la reducción de la evasión fiscal, de la elusión y del incumplimiento tributario. Se debería establecer el otorgamiento de “bonos especiales” a los gestores -cobradores- de impuestos por cada punto de disminución de la evasión, colocada actualmente en un 43% del ITBIS y en un 62% del impuesto sobre la renta. Obviamente, estos gestores deberán ser apolíticos, sin compromiso partidario y sin vínculos empresariales.
Por el lado del gasto público, es evidente que se deberán realizar cambios fundamentales si en verdad se quiere transformar el gobierno del Estado. Por ejemplo, las empresas de electricidad no pueden continuar siendo un botín político otorgado a compañeros del partido para dar respuestas a demandas de empleo. Una administración privada sería una opción para garantizar que se cobre la luz servida. Por igual, la eliminación de entidades públicas que no aportan bienes y servicios a la población debe ser una de las prioridades en el marco de una potencial reforma fiscal.
Finalmente, es claro que muchas de las medidas que aquí se proponen pudieran ser, hasta cierto punto, odiosas para algunos sectores y personas. También, es evidente que, al final del camino, existe un costo político que alguien tendrá que asumir. En cualquier caso, sin embargo, entendemos que lo más importante es garantizar que la reforma fiscal a implementarse sea lo suficientemente creíble, transparente, que no perjudique a los más pobres y que, al mismo tiempo, posibilite mejorar la calidad de vida de la gente.
