No son pocos los ejemplos de leyes y otras piezas normativas que se presentan con buenas intenciones, buscando resolver un problema -o lo que se entiende es un problema- a través de la intervención del Estado como regulador. Sin embargo, en muchos casos, vemos como las leyes bien intencionadas pueden tener efectos adversos, en un gran número de ocasiones, sobre la misma población que pretende proteger.
Es el caso, a modo ilustrativo, de la “Ley de Protección al Trabajador del Sector Textilero”, aprobada en el estado de California en los Estados Unidos. Quizás a muchos conocedores de la materia no debería extrañarles que estamos citando un ejemplo de ese estado, que suele ser un “ejemplo” en materia de “protección” a las poblaciones vulnerables y termina causando efectos que adversan sobre esas mismas personas, como es el caso de esta ley.
La ley, que entró en vigencia hace aproximadamente un año, hace ilegal la práctica de la industria textilera de pagar por pieza producida, en vez de una tarifa o salario por hora. También establece que las marcas de ropa y accesorios producidos por fábricas textileras en el estado son solidariamente responsables por “abusos” en materia laboral que puedan ocurrir en cualquier parte de su cadena de suministro.
Los Angeles había sido uno de los pocos lugares en Estados Unidos donde todavía se manufacturaba y ensamblaba productos textiles; existía una industria concentrada en ese lugar. Pero debido a los requerimientos económicos y la responsabilidad legal excesiva de la nueva ley, decenas de empresas decidieron cerrar sus puertas en ese lugar, dejando a cientos, o quizás miles, de personas (mayormente mujeres inmigrantes) sin empleos formales.
Aquí debemos hacer una pausa y precisar de que no se trata de descalificar o limitar las normas que protegen a los trabajadores y que establecen condiciones razonables para su empleo. Es que, cuando se adoptan normas sin tener en cuenta la realidad de una industria o de una ubicación geográfica, los efectos pueden, y en muchos casos, lo hacen, crear la situación contraria para las poblaciones vulnerables.
Precisamente por esto es que asociaciones empresariales, industriales y sociales aportan al conocimiento de la legislación y otras normas que están siendo conocidas por los poderes públicos. Pues es muy fácil legislar desde el Congreso sin conocer la realidad de una empresa productiva, por ejemplo, e imponer cargas a terceros, sin tener en cuenta los efectos adversos que pueden tener estas nuevas cargas sobre el aparato productivo nacional.
Si en un país tan importante como los Estados Unidos, con una economía dinámica y productiva, se pueden dar situaciones como la que se ha citado, de esta misma forma pudiera ocurrir en República Dominicana.
Ante las múltiples reformas que se avecinan, incluyendo una potencial reforma fiscal, es esencial contar con la participación de todos los sectores para asegurar que “la gallina que pone los huevos de oro” no sea sacrificada. Pues es muy fácil aprobar una ley con buenas intenciones, pero cuyos efectos adversos vienen siendo peor que el problema que pretendía resolver.
