La reforma fiscal, indiscutiblemente, es un tema de interés para el país y alta ponderación en la opinión pública. Ha sido impulsada desde el Gobierno como una salida al problema fiscal, caracterizado por un déficit anual que ronda el 3% del producto interno bruto (PIB).
Mientras algunos sectores empresariales han planteado sus posiciones, los sindicatos de trabajadores también se unen a este escenario de debates levantado la voz. Aseguran que lo que hacen en representación de los trabajadores dominicanos.
Las propuestas y preocupaciones de los sindicalistas se centran en la equidad y justicia en la implementación de los impuestos, con un énfasis particular en la necesidad de mejorar la recaudación de los tributos ya existentes antes de considerar nuevas medidas fiscales.
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, muestra escepticismo y desacuerdo ante el proyecto de una nueva reforma, y explica cómo medidas ya implementadas actualmente afectan a la clase trabajadora.
“Los ingresos principales del Estado provienen del consumo y de la renta. Sin embargo, los impuestos al consumo afectan de una manera desproporcional a los ciudadanos de menores ingresos, tratándolos igual que a los de mayores recursos”, señala.
Abreu considera que los impuestos al consumo tienen la característica de ser injustos, ya que tratan igual al más alto potentado que a un pobre.
Otra de las preocupaciones de la CNUS es la alta evasión y elusión fiscal, especialmente entre las empresas que no reportan adecuadamente sus ingresos al Estado.
Según Abreu, muchas empresas retienen impuestos de sus clientes, pero no reportan la totalidad de estos al Estado, lo cual califica como una forma de corrupción privada. “Se habla mucho de la corrupción pública, pero también debemos hablar de la corrupción privada, de esa que ocurre en las empresas de manera interna al no reportar sus ganancias completas para no entregar a los trabajadores los beneficios que les corresponde por ley”, señaló.
En cuanto a la posibilidad de extender la base imponible a más productos, el dirigente advierte sobre los riesgos de incluir artículos esenciales como alimentos y medicinas, señalando que esto podría llevar a una mayor carga fiscal sobre los bienes esenciales, lo que considera peligroso para la estabilidad social.
Advierte que, al aumentar los impuestos al consumo en artículos esenciales, se podría desencadenar una crisis social. Su posición es clara, el sindicalista considera que el Estado debe enfocarse en cobrar los impuestos existentes de manera eficiente antes de crear nuevos impuestos. Y argumenta que, con una correcta recaudación de los impuestos ya establecidos, no sería necesaria una nueva reforma fiscal.
De su lado, el presidente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas (CASC), Gabriel del Río, expresó en una entrevista a elDinero su convicción de que una reestructuración del sistema fiscal es necesaria para mejorar la distribución de la riqueza, no solo que beneficie a los empresarios, sino que también garantice una mayor justicia social en República Dominicana.
“Queremos una nueva fiscalidad para que haya una mayor distribución hacia la gente, no para perjudicar a la población”, subrayó. Este enfoque, según Del Río, es esencial para lograr una reforma que no solo aumente los ingresos del estado, sino que también promueva una mayor equidad en el país.
Exenciones
Las exenciones fiscales son otra de las preocupaciones del líder sindical, quien considera necesario revisar tales beneficios otorgados a ciertos sectores como el turismo, zonas francas, y minería. Estas exenciones, argumenta, deben ser reevaluadas para determinar si realmente vale la pena seguir manteniéndolas, en vez de beneficiar a otros sectores que más lo necesiten.
Por otro lado, el sindicalista coincide en que es necesario abordar problemas como la evasión y la elusión fiscal por parte del sector privado, donde algunos no declaran lo que ganan y otros manipulan para pagar menos impuestos, afectando a directamente a los trabajadores.
Transformación
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) aboga por una transformación tributaria que amplíe las bases impositivas sin aumentar las tasas, buscando reducir costos en la economía y fomente una mayor recaudación a través de la participación de contribuyentes.
Una trasnformación que haga sostenible las finanzas públicas, pero que no sean meramente fiscalistas, que se corrijan las distorsiones que se han ido introduciendo que han perjudicado a los más pobres, a lo que necesitan trabajo mejor remunerados.
