Desde hace años, dirigentes políticos de la oposición aseguraban que al menos RD$30,000 millones de las arcas del Estado eran desviados por actos de corrupción. Sin embargo, se estima que esta cifra estaba inflada en comparación con los ingresos recibidos durante el periodo comprendido entre mediados de 2000 y 2010.
Un informe de Participación Ciudadana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) revela que la corrupción en el Estado, derivada de desfalcos, compras y contrataciones sobrevaluadas, pagos de comisiones, ventas y préstamos subvalorados, representa más del 10% del Presupuesto Público. Además, al sumar la evasión impositiva, que incluye ingresos no percibidos por acciones fraudulentas de los contribuyentes, la corrupción superaría el 20% del presupuesto público.
Aunque se trata de estimaciones, para Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), un hecho concreto es que las contrataciones públicas representan una de las áreas de mayor riesgo de corrupción en el Estado dominicano.
De acuerdo con la publicación “Corrupción y derechos económicos y sociales en América Latina: Ecuador, México y República Dominicana”, en trece años, solo en siete ministerios del Estado dominicano, el costo de la corrupción ascendió a cerca de RD$7,215 millones (aproximadamente US$122 millones).
En ese sentido, en el marco de las conferencias y seminarios que se desarrollan bajo el tema “Descifrando la Encrucijada de la Inteligencia Artificial en las Finanzas y Auditoría“, que se celebra del 18 al 21 de este mes en el hotel Paradisus Palma Real, Pimentel destacó la importancia del proyecto de ley de contrataciones públicas que se encuentra en el Senado de la República, aprobado en primera lectura el pasado miércoles y que será sometido a una nueva lectura el próximo martes antes de pasar a la Cámara de Diputados. Este proyecto busca garantizar la transparencia y el control en las contrataciones públicas, promoviendo políticas anticorrupción y mecanismos de prevención y sanción.
“El fin de las contrataciones públicas es aportar al desarrollo económico del país, representando el 32% del presupuesto general de la nación destinado a la adquisición de bienes y servicios, dinamizando la economía y fomentando la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como de las mujeres”, destacó Pimentel. Además, aclaró que, aunque las contrataciones públicas no son en sí un sistema anticorrupción, deben integrarse políticas que prevengan y controlen la corrupción. “Debemos ver mecanismos y controles que aseguren un equilibrio para que las contrataciones sean eficientes y aporten al desarrollo económico del país”, dijo.
La corrupción en República Dominicana, según el informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” de Transparencia Internacional, vincula violaciones a los derechos económicos y sociales con prácticas como la extorsión para acceder a servicios públicos. En 2018, datos de Latinobarómetro revelaron que el 35% de la población dominicana consideraba que todo el funcionariado es corrupto.
Las causas de la corrupción en el país se centran en sobornos y sobreprecios en los procesos de licitación, y los principales obstáculos en los diseños institucionales anticorrupción incluyen la falta de independencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la inobservancia del control interno y externo de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas, y la incapacidad del Ministerio de Administración Pública para profesionalizar a los servidores públicos y fomentar la carrera administrativa.
En ese sentido, Pimentel mencionó la necesidad de avanzar en un reglamento de aplicación de la ley actual, que sirva como un “decreto puente” hacia la nueva ley, mientras esta última se discute y aprueba.
El evento en Punta Cana reunió a expertos y autoridades en finanzas y auditoría, quienes debatieron sobre los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial presenta en estos campos, así como sobre las estrategias necesarias para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en la administración pública.
