En República Dominicana, el tema de la reforma fiscal ha sido altamente discutido desde hace unos años y últimamente ha tomado mucho ímpetu a partir de la reelección del Gobierno actual, el cual la ha tenido como tema de agenda desde su primer periodo de gobierno.
Cuando nos referimos a reformas fiscales, hacemos alusión a los cambios y ajustes en el sistema tributario del país, con el objetivo de mejorar la recaudación de impuestos, promover la equidad fiscal y ajustar las políticas tributarias a las necesidades económicas y sociales del momento. En ese sentido, a nuestro entender, para que haya una verdadera reforma fiscal se debería contemplar, por un lado, el aspecto de la generación de los ingresos, y por el otro lado, medidas para controlar o eficientizar el gasto público.
En línea con lo anterior, desde la perspectiva del ingreso tributario, las reformas fiscales usualmente incluyen la introducción de nuevos impuestos, la modificación de las tasas de impuestos existentes, la ampliación de la base tributaria, la simplificación del sistema tributario, el fortalecimiento de la administración tributaria, y medidas para combatir la evasión y elusión fiscal. A efectos del control o eficiencia del gasto público, se podrían contemplar la priorización de las inversiones en obras de Estado, medidas para controlar el gasto financiero del estatal, revisión de presupuesto asignado a instituciones públicas, incluyendo las remuneraciones a sus funcionarios, entre otras.
Por tanto, es importante entender que las reformas fiscales son procesos complejos que pueden tener un impacto significativo en la economía, por lo que suelen ser objeto de amplios debates y análisis por parte de los diferentes sectores de la sociedad.
Ahora bien, la importancia de una reforma fiscal es diversa y puede ser entendida desde varias perspectivas tales como: (i) Adaptación frente a los cambios nacionales e internacionales a nivel socio-económico; (ii) Sostenibilidad fiscal de cara a la necesidad de asegurar ingresos suficientes para financiar sus operaciones y servicios públicos; (iii) Equidad con relación a la distribución de la carga impositiva de manera equitativa entre los diferentes sectores de la sociedad; (iv) Eficiencia administrativa a través de la adopción de nuevas tecnologías y mecanismos actualizados al tiempo. De igual forma, la reforma fiscal puede tener como interés principal la adecuación o adhesión a estándares internacionales, la lucha contra las brechas que dan lugar a la evasión y la elusión fiscal y demás cuales pueden ser discutidas de manera más extensiva.
Siendo esto así, resaltamos que el tema de la reforma fiscal resulta sumamente delicado ya que se trata de un instrumento clave para responder a los desafíos económicos actuales y futuros, promoviendo un crecimiento sostenible, y asegurando un sistema tributario que contribuya al bienestar general de la sociedad.
En este sentido, actualmente, a través de los diferentes medios de comunicación, se han circulado diversos borradores de proyectos de ley de reforma fiscal, así como propuestas elaboradas por algunos organismos relacionados a sectores económicos, con pretensiones a veces contrarias. Sin embargo, a la fecha no existe una propuesta oficialmente definitiva.
Entre las novedades o propuestas que se visualizan en estos borradores se ha observado la posibilidad de reducción de tasas impositivas, la ampliación de bases imponibles, la posible inclusión o creación de nuevos impuestos, entre otros. Lo cierto es que la principal fuente de ingresos fiscales para República Dominicana lo constituyen los impuestos a los bienes y servicios, los cuales, según informes oficiales, constituyeron RD$147,912 millones para el primer cuatrimestre del 2024, versus RD$88,395.4 millones que se recaudaron con impuestos al ingreso, las utilidades y las ganancias de capital y RD$15,352.7 millones en impuestos al comercio y las transacciones internacionales (Panorama Macroeconómico 2024-2028 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo), por lo que podríamos decir que esto se traduce en que nos basamos en el consumo como mayor fuente de ingresos y que los ciudadanos y empresas pagan mucho menos impuestos por sus rentas o ganancias, lo que ameritaría un cambio.
Tomando en cuenta la relevancia de esta medida, desde nuestro conocimiento de la materia y con la intención de contribuir al enriquecimiento de la discusión sobre esta, aprovechamos esta oportunidad para presentar algunas sugerencias conceptuales, las cuales entendemos podrían ser de buena acogida:
- Reducir las tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas y jurídicas, a los fines de incentivar el cumplimiento voluntario de los ciudadanos, fórmula que ha dado resultado en otros países como Estados Unidos. Sin dudas, tenemos unas tasas sobre el ISR bastante elevadas (tope de 27%) cuando se mide frente a lo que reciben los ciudadanos en contraprestación de parte del Estado, por lo que hay un desincentivo al cumplimiento de parte de los mismos.
- Ampliar la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y gradual reducción de su tasa. Esto, obviamente, implicaría que se graven productos de la canasta básica, pero una reducción de la tasa debería inducir a una menor evasión de este impuesto y mayor recaudación.
- Reducción de los impuestos selectivos a productos como bebidas alcohólicas y cigarrillos. Entendemos que con esta medida se reduciría el contrabando y se incentivaría al consumo de productos originales por parte de los consumidores, lo que debería traducirse en mayor recaudación para el Estado en impuestos.
- Revisión integral de los regímenes de incentivos y exenciones o exoneraciones fiscales que cada año suponen un sacrificio fiscal importante para las arcas del Estado, así como el establecimiento de controles y límites a estos. Una medida podría ser eliminar definitivamente aquellos regímenes de incentivos que históricamente han representado más costo que beneficio, respetando la seguridad jurídica de beneficiarios actuales de los mismos.
- Simplificación del sistema de cumplimiento tributario tanto desde lo administrativo, incluyendo el fomento del uso de las tecnologías, como desde el punto de vista legislativo, el cual en ocasiones tiende a devenir una barrera de acceso para los contribuyentes. En República Dominicana es un dolor de cabeza el simple hecho de cumplir con tantas obligaciones fiscales mensuales y anuales, en adición a que existen muchas áreas grises en las regulaciones que dan lugar a auditorías y determinaciones de impuestos, por lo que un ciudadano de a pie no puede cumplir con las mismas si no contrata a un asesor, y por esto optan por mantenerse en la informalidad. Asimismo, deberían crearse mecanismos para que no-residentes en general o personas físicas residentes puedan reportar y pagar impuestos por ingresos o ganancias extraordinarias, sin necesidad de registrarse como contribuyentes formales.
Al margen de las recomendaciones anteriores, entendemos que el propósito principal de la reforma fiscal debe ser armonizar el sistema fiscal y enfrentar las necesidades económicas del país, de tal manera que el gasto fiscal sea congruente a los ingresos fiscales.
Esperemos que la decisión que finalmente se tome sea bien analizada y discutida por los diferentes sectores económicos y que se logren los resultados que todos los ciudadanos esperamos, que al final es el bienestar socio-económico del país.
