Los bienes y servicios que el Gobierno adquiere a través de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas representan el 32% del presupuesto total de gastos del Estado.
Tomando como referencia que este año el presupuesto de gastos asciende a RD$1 billón 418,686.5 millones, entonces, el 32% equivalen a RD$453,979.9 millones.
Sin embargo, de acuerdo con Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), el Estado compra bienes y servicios por valores que superan esa cantidad, debido a que varias instituciones, especialmente las de los llamados organismos “extra poder”, así como los poderes Legislativo y Judicial, no están obligados a transar sus adquisiciones a través de esa normativa.
Aun así, Pimentel dijo que muchos de esos organismos, como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, así como algunos ayuntamientos, realizan sus compras a través del portal de Contrataciones Públicas, como forma de hacerlo de forma más transparente.
“Esos órganos no están obligados a realizar sus compras por medio de la Ley 340-06, pero la mayoría lo hace de manera voluntaria”, dijo Pimentel, entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión.
Agregó que otras instituciones no lo hacen, como es el caso del Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que realizan sus contrataciones de adquisición de bienes y servicios con procedimientos particulares.
El funcionario dijo que el Gobierno ha estado cumpliendo de forma efectiva con la disposición legal que ordena que el 20% de los bienes y servicios que adquiere el Estado, a través de esa normativa, sea a pequeñas y medianas empresas. Incluso, en la actualidad, el porcentaje es mayor, lo cual se traduce en un mayor dinamismo de la economía.
