Yahoo utilizó un programa destinado a detectar pornografía infantil y correos basura para cumplir con una orden judicial secreta requerida por el Gobierno de Estados Unidos para buscar una firma digital asociada con un grupo terrorista extranjero, según reportó The New York Times.
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, que cita diversas fuentes en condición de anonimato, el año pasado el Departamento de Justicia obtuvo la orden tras solicitarla al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos, una corte secreta que estudia peticiones de vigilancia contra agentes extranjeros.
Yahoo optó entonces por modificar un programa de seguridad que ya utilizaba para detectar software maligno, además de pornografía infantil y correos basura, con el objetivo de hallar rastros de la organización terrorista, que según The New York Times tiene lazos con un gobierno extranjero.
El programa modificado permitió a Yahoo recopilar todos los correos utilizados por sus usuarios que contuvieran la firma electrónica asociada al grupo terrorista, un archivo que puso a disposición del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
Al parecer, los miembros de esa organización se comunicaban entre ellos a través de cuentas de Yahoo con una firma electrónica “muy singular”.
El artículo no especifica el tipo de información que buscaba el Gobierno estadounidense, pero sí explica que la orden judicial es “atípica” porque “implicaba el barrido sistemático de los mensajes de correo electrónico de todos los usuarios (millones) de Yahoo en lugar de cuentas individuales”.
De acuerdo con las fuentes gubernamentales y de Yahoo citadas por The New York Times, el gigante de internet ha dejado ya de recopilar esos correos electrónicos.
Yahoo denunció en 2014 haber recibido “amenazas” del Gobierno estadounidense para forzarle a cooperar con la Administración y entregar datos de los usuarios en el marco del programa de vigilancia PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
PRISM, cuya existencia se había dado a conocer al público un año antes a través de las filtraciones del exanalista de la NSA Edward Snowden, establece la obligación para las empresas tecnológicas de compartir con el Gobierno información sobre sus usuarios.
Según la compañía, el Gobierno les amenazó entonces con una multa diaria de 250,000 dólares si rechazaban obedecer la orden de vigilancia.
