El sector eléctrico dominicano ha experimentado un avance notable gracias a las inversiones en energías renovables, principalmente solar y eólica. Sin embargo, aún enfrenta desafíos significativos. La electricidad se ha convertido en una carga para el gobierno, que lidia con problemas de distribución, hurto, aumento de la demanda y falta de equipos adecuados para medir y facturar. En medio del debate sobre la reforma fiscal, las pérdidas en el sistema eléctrico se destacan como uno de sus principales puntos débiles.
Según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), a junio de este año, las pérdidas acumuladas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzaron un 43.9%. Esto significa que, por cada 100 GWh comprados, se perdieron 44 GWh, lo que equivale a US$608.7 millones en energía no cobrada a los usuarios, según el último informe del Ministerio de Energía y Minas.
El CREES sostiene que mantener la administración pública de las EDE ha perpetuado el ciclo de ineficiencia y pérdidas. “Mientras las EDE no se vean obligadas a ser eficientes, seguirán utilizando fondos públicos para su funcionamiento”, advierte el análisis. La solución propuesta es permitir que entidades privadas gestionen las distribuidoras, lo que generaría incentivos para mejorar la eficiencia al arriesgar capital en busca de beneficios.
“Cuando los inversionistas arriesgan su dinero tienen el incentivo de generar beneficios para no perder su capital, para lo cual es necesario darle al consumidor un servicio que valore”, argumenta.
Los datos son contundentes: hasta junio de 2024, las EDE adquirieron 9,641.3 GWh, de los cuales 3,670.6 GWh no pudieron ser facturados, representando una pérdida del 38.1%. Además, cobraron solo 5,622.8 GWh de los 5,970.8 GWh facturados, lo que genera una diferencia de 348 GWh no cobrados (5.8%). Ambas cifras suman un total de pérdidas del 43.9%.
Según la ley del presupuesto 2024, se prevé que las EDE reciban RD$86,393 millones en transferencias corrientes. Hasta julio, se ejecutaron RD$50,602.7 millones, un 58.6% del monto presupuestado. Sin cambios significativos, advierte el CREES, en la gestión del sector eléctrico, estas pérdidas seguirán representando un costo considerable para la sociedad, que podría ser cubierto con impuestos o un mayor endeudamiento público.
