En respuesta al envejecimiento acelerado de su población y la creciente presión sobre el sistema de pensiones, China decidió aumentar la edad de jubilación por primera vez en más de cuatro décadas. Esta reforma, aprobada por el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país se implementará de manera progresiva a partir de enero de 2025.
Actualmente, los hombres chinos se jubilan a los 60 años, mientras que las mujeres en trabajos administrativos lo hacen a los 55 y aquellas en roles manuales a los 50. Con la nueva normativa, la edad de jubilación para los hombres se incrementará a los 63 años, y para las mujeres, se situará entre los 55 y 58 años, dependiendo de su ocupación. Esta medida afectará a diferentes generaciones de trabajadores según su fecha de nacimiento.
La reforma busca abordar el desafío demográfico que enfrenta China, caracterizado por una población envejecida y una disminución en la tasa de natalidad. Datos del Banco Mundial indican que China tiene una de las edades de jubilación más bajas entre las principales economías del mundo, lo que ha generado un déficit creciente en el fondo de pensiones estatal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el inicio de la fase de envejecimiento de una economía como el momento en que el porcentaje de personas de 65 años o más supera el 7%, un umbral que China alcanzó en 1998. Para 2023, el porcentaje de chinos mayores de 65 años alcanzó el 15.4%.
Con base en estas tendencias, se proyecta que la tasa de crecimiento de China se desacelere al 3% para 2028 y caiga por debajo de la de Estados Unidos entre 2031 y 2035. Se estima que para 2050, la población mayor de 65 años representará alrededor del 30% del total, lo que aumentará la presión sobre el sistema de seguridad social.
El sistema de pensiones, que actualmente se financia con las contribuciones de los trabajadores activos, enfrenta un gran desafío debido a la disminución de este grupo. Aunque las autoridades chinas desde 2005 aumentan las pensiones básicas cada año, el ritmo de crecimiento disminuyo, con un aumento del 5% en 2020, según el diario Global Times.
Una de las repercusiones inmediatas de la reforma será la reducción de la carga fiscal sobre el Estado. Al retrasar la jubilación, se reducirán las demandas sobre el sistema de seguridad social, permitiendo al gobierno redirigir recursos hacia otros sectores de la economía, como infraestructura, innovación tecnológica y salud, favoreciendo un crecimiento más equilibrado a largo plazo.
Además, al aumentar la edad de jubilación, se espera que los trabajadores permanezcan activos por más tiempo, lo que podría mitigar el descenso en la fuerza laboral. En 2022, la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar en China fue de apenas 0.18%, según el Instituto Nacional de Estadísticas de China. Esta desaceleración generó preocupaciones sobre la capacidad del país para mantener su ritmo de desarrollo.
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que extender la vida laboral podría aumentar el producto interno bruto (PIB) a largo plazo, ya que los trabajadores experimentados seguirán contribuyendo a la economía. El PIB per cápita de China alcanzó los US$12,681 en 2023, por debajo del umbral de altos ingresos del Banco Mundial de US$13,845.
Con un crecimiento anual promedio del 2.1% en los últimos 20 años, se proyecta que el PIB per cápita aumente a US$15,715 en 2028 y a US$18,219 en 2035. Si la desaceleración del PIB per cápita continúa del 5% en 2024 al 3% en 2028 y al 1.5% en 2035, se espera que alcance los US$17,893 en la próxima década.
Asimismo, la reforma podría incrementar la tasa de ahorro de los hogares, ya que, al trabajar más años, los ciudadanos podrán ahorrar más para su retiro. Esto no solo aliviaría la presión sobre el sistema de pensiones, sino que también podría estimular la inversión privada y el consumo interno, impulsando aún más el crecimiento económico del país.
Sin embargo, la reforma presenta desafíos, especialmente para los trabajadores en sectores que requieren un gran esfuerzo físico, como la construcción, manufactura y agricultura, lo que podría afectar su capacidad para seguir siendo productivos. Además, la implementación de la reforma podría incrementar las desigualdades regionales y sectoriales, dado que no todas las provincias y sectores tienen la misma capacidad para aplicar estas reformas de manera equitativa.
