República Dominicana está a la cabeza del crecimiento del PIB en América Latina, con avances notables en la reducción de la pobreza y mejora de los estándares de vida de su población. Este país ha sido escenario de diversas reformas fiscales, necesarias para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, mejorar la eficiencia del gasto público y promover la equidad tributaria.
Estas reformas suelen enfrentar importantes desafíos políticos, dada su influencia directa en los ingresos de los contribuyentes y en las dinámicas económicas del país. Como expresamos en nuestro artículo anterior, una nueva reforma fiscal es necesaria para alcanzar el grado de inversión, acelerando aún más el fuerte crecimiento económico a través de un descenso de las tasas, un incremento de los flujos de capital y una expansión de la base de inversionistas.
En países muy desiguales, como el caso que nos ocupa, los desafíos políticos son aún mayores. Las reformas que busquen incrementar la recaudación a través de un cambio en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) o a través de impuestos específicos tienden a incrementar la desigualdad, dado que los sectores más pobres dedican una mayor proporción de sus ingresos al gasto de bienes y servicios.
El Impuesto Sobre la Renta (ISLR), tanto para empresas como para personas naturales, y el impuesto al patrimonio son de más difícil recaudación, pero ciertamente incrementan la equidad tributaria. En este artículo vamos a examinar las posibles reformas en estos cuatro tipos de impuestos así como la urgente necesidad de una reforma del sector eléctrico como una dimensión crítica que impacta las finanzas públicas y el desarrollo sostenible del país. Finalmente, exploraremos la capacidad institucional para implementar estas reformas y sus efectos a corto y largo plazo, destacando también el costo político asociado a su ejecución.
La estructura tributaria de República Dominicana ha evolucionado significativamente, en gran medida en respuesta a las crisis fiscales y a la necesidad de financiar un Estado en crecimiento. En las últimas dos décadas, las reformas fiscales han sido impulsadas tanto por la necesidad interna de mejorar la recaudación y la equidad, como por la presión de organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). A pesar de las reformas implementadas, el sistema tributario sigue enfrentando desafíos relacionados con la eficiencia, la suficiencia de ingresos y la equidad. Paralelamente, la crisis en el sector eléctrico ha emergido como un problema crítico que no solo afecta la economía, sino que también impone una carga significativa sobre las finanzas públicas.
La capacidad institucional es fundamental para el éxito de cualquier reforma fiscal. En la República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha logrado mejoras significativas en su capacidad administrativa y técnica, lo que ha permitido un aumento en la eficiencia recaudatoria. No obstante, las exoneraciones y otros beneficios fiscales hacen todavía que los impuestos sean más difíciles de recaudar que en otras latitudes y terminan incentivando la evasión fiscal.
El ITBIS es uno de los pilares del sistema fiscal dominicano. Las reformas recientes han buscado ampliar la base imponible y reducir las exenciones para aumentar la recaudación. Sin embargo, todavía la base imponible es una de las menores de la región, alcanzando apenas un 40% del total de bienes de consumo. En otras latitudes, el incremento de la base imponible ha tenido un impacto inmediato en la recaudación fiscal, pero también han generado presión inflacionaria y afectado el poder adquisitivo, especialmente de los hogares de menores ingresos. Por último, el reducir la base imponible, creando los incentivos adecuados en la economía para que los contribuyentes pidan sus facturas, preserva cadenas de información que hace más sencilla la recolección de este impuesto y reduce su evasión. Una buena reforma al ITBIS puede fomentar la formalización económica.
El ISLR es otro pilar esencial en la estructura tributaria del país. Las reformas recientes han buscado simplificar el sistema y aumentar la recaudación mediante la reducción de exenciones y deducciones. Para las empresas, las reformas han resultado en un aumento de costos operativos y han impactado la competitividad. Para las personas naturales, los efectos han variado dependiendo del nivel de ingresos, pero en general han incrementado la recaudación. A largo plazo, una reforma del ISLR puede contribuir a una mayor equidad y eficiencia fiscal, aunque el riesgo de desincentivar la inversión y el consumo si las tasas son percibidas como excesivas sigue siendo un desafío.
Los impuestos específicos como los aplicados al alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y combustibles están de moda dentro de los organismos internacionales tales como el FMI, el BID y el BM dado que presentan el doble objetivo de aumentar la recaudación y promover políticas públicas en salud y medio ambiente. Un incremento de los impuestos específicos suele ser muy eficaz para aumentar la recaudación en el muy corto plazo, aunque también ha generado resistencia por parte de las industrias afectadas. Incrementos aún mayores a las ya altas tasas de algunos de estos impuestos podrían contribuir a cambios en el consumidor, y a reducciones más que proporcionales en el consumo, que podrían reducir la recaudación neta.
El impuesto al patrimonio ha sido reformado para aumentar su progresividad y reducir la evasión fiscal, afectando principalmente a las propiedades inmobiliarias y ciertos activos financieros. Aunque la recaudación ha sido limitada, la reforma ha sido políticamente controvertida, dado que afecta a los sectores de mayores ingresos. Un impuesto al patrimonio efectivo puede mejorar la equidad tributaria, aunque su éxito depende de la capacidad del Estado para gravar correctamente los activos y prevenir la elusión fiscal.
El sector eléctrico en República Dominicana ha sido una fuente de ineficiencias y desafíos financieros durante décadas. Las deficiencias en la generación, distribución y cobro de la energía han resultado en pérdidas significativas y han impuesto una carga pesada sobre el presupuesto nacional, al requerir subsidios recurrentes. La falta de una reforma integral en el sector eléctrico continúa drenando recursos del Estado que podrían ser utilizados para otros fines sociales y económicos. Los continuos subsidios al sector representan un riesgo fiscal que afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Cualquier intento de reforma en el sector eléctrico enfrentará una considerable resistencia política y social, dada la dependencia de la población en los subsidios a la electricidad. Sin embargo, es necesario abordar las ineficiencias del sector para liberar recursos fiscales y mejorar la competitividad económica del país. Una reforma exitosa del sector eléctrico podría reducir la carga fiscal del Estado, mejorar la competitividad del sector industrial y comercial, y contribuir a un desarrollo económico más sostenible. Además, al reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia, se podrían liberar recursos para la inversión en infraestructura y servicios públicos.
El gobierno de Luis Abinader está actualmente en una negociación profunda intentando aprobar tres reformas fundamentales: Una reforma constitucional, una reforma laboral y una reforma fiscal. Ha escogido negociar estas reformas. Anteponiendo la reforma constitucional, luego la laboral y dejando para el final la reforma fiscal. Si a esto le añadimos que el costo político de las reformas fiscales y del sector eléctrico es un factor determinante en su viabilidad, en Ecoanalitica nos atrevemos a concluir que lo más probable es que República Dominicana no realice una reforma fiscal integral.
