El futuro de la Ley de Cine de República Dominicana, promulgada en 2010, está bajo revisión tras la presentación del proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Al mencionar la Ley 108-10, que ofrece deducciones fiscales y exenciones a las empresas de cine, el ministro de Hacienda, José Manuel “Jochi” Vicente, mencionó que, debido a la demanda de ajustes fiscales, el gobierno cuestiona la continuidad de incentivos que han impulsado diversas industrias, incluido el cine.
Vicente afirmó que la permanencia de incentivos fiscales por más de 10 o 15 años es “injustificable”. Enfatizó que “una ley de incentivos no puede ser eterna”. Si bien reconoció su impacto, también sugirió que algunas de estas exenciones podrían ajustarse o eliminarse para optimizar los recursos públicos. “Las exenciones fiscales deben dirigirse a sectores que realmente lo necesiten”, destacó.
Además, el ministro anunció que se realizará un análisis de costo-beneficio de todos los incentivos fiscales existentes, incluyendo aquellos para el turismo y la industria textil, donde también se han pedido ajustes. “Se trata de garantizar una asignación eficiente de los recursos del Estado”, subrayó.
Impacto
El informe “La industria cinematográfica en República Dominicana, actualización 2024”, elaborado por la Dirección General de Cine (Dgcine) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), revela que en 2023 este sector aportó RD$1,175,414,585 al fisco dominicano. A pesar de este ingreso, la eliminación de incentivos podría amenazar la estabilidad y el crecimiento del cine nacional.
La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine) mediante un comunicado de prensa, rechazó la propuesta de eliminación a la Ley de Cine. Argumentan que esta medida atenta en contra del sector que todavía se encuentra en crecimiento y afectaría a la industria cinematográfica del país. A la vez, se encuentran sorprendidos con las declaraciones hechas de que el gobierno se ha reunido con todos los del sector.
El presidente de la entidad mediante este comunicado destaca que el sector no ha sido convocado en ningún momento a pesar de haber manifestado públicamente sus deseos de hacerlo. Asimismo, aseguran que la anular estos incentivos llevaría a la pérdida de más de 25,000 empleos y la quiebra de más de 375 empresas que pertenecen a esta industria.
La Dirección General de Cine destaco su rol como órgano técnico y ejecutor del marco normativo vigente. “Continuamos comprometidos con el cumplimiento de este, mientras el proceso de Reforma Fiscal sigue su curso en el Poder Legislativo”.
Perspectivas
Erika Infante, economista, abordó el tema con una crítica constructiva. “Estamos realizando un análisis de la reforma fiscal que realmente es una reforma tributaria, pues afecta de manera directa los insumos económicos y el dinero líquido de la sociedad dominicana”, señaló.
Infante enfatizó que, aunque la Ley de Cine estableció un marco para fomentar la expansión del sector, los incentivos actuales han sido insuficientes para promover proyectos de calidad y aumentar la capacidad de producción en el país.
La realidad actual de la ley revela que muchas provincias carecen de las infraestructuras necesarias para el cine. “No contamos con un 60% de las capacidades de cine a nivel nacional”, destacó, lo que limita las oportunidades de desarrollo en el sector.
Infante también subrayó el impacto positivo de la Ley de Cine en el fisco, en 2023, esta ley contribuyó con RD$15,000 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que demuestra que el sector no solo resulta culturalmente relevante, sino que también genera ingresos para el Estado. “Eliminar estos incentivos representa un paso hacia la debilitación de la cultura y la desmotivación de los jóvenes”, advirtió.
El coordinador de las carreras de Cine y Comunicación Audiovisual y Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Alfredo Padrón, resaltó que la eliminación de estos incentivos podrían hacer recurrir al sector a los de Fonprocine si es viable, de lo contario tendrían que salir a buscar estos recursos financieros al sector privado que al no contar con las exenciones impositivas por invertir en la industria y analizarán si el riesgo valdrá la pena, por el tema de la recuperación de ganancias.
Además, destacó que “la cantidad de producciones internacionales disminuirían, puesto que voltearían su mirada hacia otros países de la región que garanticen condiciones más ventajosas”. Enfatizó que el cine dominicano debe comenzar a ser competitivo en el país primero. “Se necesitan mecanismos que aseguren el compromiso del productor con la distribución de las películas que realiza, ya que no vale de nada hacer películas que nadie las vea o muy pocas lo hagan”, resaltó.
A la vez, dijo no estar seguro de que se hayan reunido con todos los del sector ya que todo lo que habían escuchado era a base de rumores o especulaciones. Expresó que “lo primero que debería establecerse es un mecanismo de consulta con el sector para brindar oportunidad de dialogo, en el que se puedan plantear propuestas que mejoren los aspectos negativos de la ley y la vuelvan más transparente.
Control
República Dominicana enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de ajustes fiscales con el imperativo de seguir fomentando un sector que puede contribuir al desarrollo económico y cultural del país.
Si el gobierno decide seguir adelante con la eliminación de incentivos, la Ley de Cine esto podría desmotivar a los jóvenes a involucrarse en el sector y limitar la competitividad del país en escenarios internacionales.
