El Congreso Nacional fue apoderado del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, una reforma que, más que fiscal, está más cerca de lo tributario. Los industriales, y otros sectores que sienten que han sido “sorprendidos en su buena fe”, o como se quiera especificar, han salido a protestar. No lo han hecho con pancartas ni con piquetes frente al Palacio Nacional, aunque sé que las ganas nos les faltan, sino que han dejado ver claramente su descontento, sorpresa y desilusión porque “lo que salió no fue lo que se habló”.
Los industriales, en un marco de respeto, han reclamado que el proyecto de reforma fiscal que se dio a conocer en LA Semanal dista mucho de lo que se había hablado, pero más lejos está el que se depositó por ante la Cámara de Diputados.
Hay varios temas que preocupan al sector industrial. Incluso, llegan más lejos: advierten que la propuesta dada a conocer por el Gobierno contradice, incluso, la meta de crecimiento del producto interno bruto y la aspiración de duplicar el tamaño de la economía al 2036.
Los industriales, al tiempo de llamar a profundizar el diálogo constructivo, son muy claro en su petición al Gobierno: hay que restituir el artículo 50 de la Ley de Proindustria o, mejor dicho, no tocarlo porque es el que permite impulsar las inversiones.
Todo indica que los industriales, como otros sectores, no están dispuestos a ceder en sus justificaciones. Aunque entienden la necesidad de la reforma fiscal, consideran que aún hay temas pendientes en cuanto al gasto. Parece que las señales que ha enviado el Gobierno en cuanto a fusiones y eliminación de instituciones no han sido suficientes.
Otro aspecto a considerar es que los ingresos adicionales que provén las autoridades, que serían alrededor de RD$122,400 millones, estarían destinados a gastar más y no a reducir el déficit público.
Como dato adicional, los industriales destacan que las industrias incentivadas aumentaron un 8% anual sus exportaciones, superando los US$1,530 millones en 2022, lo cual representó el 47% del total de las exportaciones nacionales de este año. Es por ello por lo que defienden la tesis de que los incentivos, en su caso, fomentan la productividad, ya que han permitido a las industrias adquirir activos fijos que las hacen más eficientes y productivas.
En lo particular, y quizá sin temor a equivocarme, pudiéramos colegir que las autoridades no fueron del todo sinceras con los empresarios o, cuando llegó al borrador final presentado al Congreso, otras variables fueron incluidas que estaban sobre la mesa durante las reuniones con los empresarios. Sea lo que sea, los industriales han dejado ver que están un tanto sorprendidos por lo que han visto.
Para ellos, tener que ir al Congreso ahora a tratar este tema, luego de haber llegado a una especie de “entendimiento con el Gobierno”, los tiene preocupados, ya que cada cabeza es un mundo y los legisladores podrían pensar en la línea que traza el Gobierno y no en lo que conviene al país. ¡Esperar!
