Por Guillermo Caram
El sistema eléctrico dominicano colapsa, arrastrando consigo la economía y la esperanza de que toda la nación pueda organizarse a tono con las exigencias de la vida contemporánea; en circunstancias que las autoridades no parecen percatarse de la gravedad de la situación ni reaccionan en consecuencia.
Así, mientras los apagones y la carestía del servicio se encuentran a la orden del día hasta el punto que la principal noticia de uno de los periódicos de circulación nacional del viernes daba cuenta de apagones de 16 y 18 horas con más de 50 circuitos fuera del sistema en sólo una región, el Cibao; las autoridades siguen calificando que su gestión durante la administración gubernamental que se inició en agosto del 2004 “muestra avances cuantitativos y cualitativos”, según consignara el superintendente de Electricidad.
A esto se agregan las frecuentes explicaciones de los funcionarios del ramo sobre los apagones (por averías y reparaciones) que hacen retroceder la imaginación 40 años atrás cuando se atribuían los apagones de entonces a los daños causados por las chichiguas a las líneas de distribución.
Las autoridades ni siquiera reaccionaron adecuadamente cuando el Foro Económico Mundial, organización internacional sin fines de lucro con sede en Davos, Suiza, que agrupa los principales lideres mundiales en materia económica, otorgó al servicio eléctrico dominicano la peor calificación del hemisferio occidental y la segunda en el mundo, sólo por debajo de Chad, África.
De acuerdo al reporte correspondiente al período 2007-2008, luego de estudiar 131 economías del mundo, otorgó a República Dominicana el lugar 130 en materia “calidad de la electricidad suplida”, ocupando el segundo factor de importancia, entre más de un centenar de factores para determinar la baja competitividad del país. Y su descenso, puesto que mientras en el estudio reciente República Dominicana ocupa el lugar 96 de las economías estudiadas, se situaba en el lugar 83 en el estudio correspondiente al 2005.
Por otra parte, se observa un desenfoque en las autoridades que impide atacar a fondo los problemas fundamentales del servicio eléctrico. Mientras estas centran su atención en el fraude y el cobro hasta el punto de propiciar leyes que criminalizan la evasión del pago del servicio, cambiar contadores tres veces al año y suspender el servicio sin remitir las facturas; se hacen de la vista gorda de las principales causantes del problema: el alto costo de la energía originado en la deficiente estructura de generación y en el incumplimiento de las leyes vigentes: Ley General de Electricidad y Ley de Compras Gubernamentales de Bienes y Servicios, que ordenan la compra de electricidad a los generadores que la ofrezca al costo más bajo, determinados mediante procedimientos de licitación.
En un sistema eléctrico cuya dimensión ya requiere de unidades de generación de 300 megavatios, sólo una de las 37 plantas en generación satisface este requisito. El resto la constituyen unidades de menor capacidad y el 40% procede de unidades con capacidad de generación inferiores a los 100 megas. A esto se agrega el hecho de que son plantas alimentadas con combustible de alto costo: el 60% utiliza fuel oil y gasoil que determinan un costo de generación de aproximadamente 15 y 10 centavos de dólar.
En adición al alto costo de generación se agrega el complejo y privilegiado sistema de compras de energía por parte de las distribuidores, predominantemente estatales, a los generadores, predominantemente privados; puesto que las operaciones de compraventa se efectúan sobre la base de contratos que determinan cantidad de energía a ser compradas a los generadores y precios prefijados o referidos en función del pagado al generador que la ofrezca al precio más alto en función de los requerimientos de la demanda suplida por el mercado spot.
Este sistema de compra ha fomentado el tráfico de energía entre generadores para revenderlas a las distribuidoras y sobre precios de pago que aumentan extraordinariamente los márgenes de ganancias de los generadores.
Todo ello en violación a las leyes citadas y al margen del régimen de competencia que fue argumentado para la reforma institucional del sector eléctrico efectuado al amparo dela Ley de Capitalización de las Empresas Públicas y la citada Ley General de Electricidad; violaciones que han dado por resultado el montaje de un aparato burocrático más complejo que el se pretendió corregir.
