El Presidente se notó muy serio, quizá emocionalmente afectado (y es lógico) al tener que dar la cara al país y retirar el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, en el cual había puesto toda la esperanza para fortalecer las finanzas públicas, evitando tener que acudir a más deuda para financiar el déficit, cumpliendo a cabalidad con otra ley: la de Responsabilidad Fiscal, que pone topes al endeudamiento público.
La situación no es crítica, pero sí de cuidado, a pesar de que la economía dominicana se mantiene como la de mayor crecimiento en la región, con una estimación que supera el 5% del producto interno bruto (PIB) para este año. Lo que ha sucedido obliga a una cosa: Hay que repensar el futuro fiscal y económico de República Dominicana en el corto, mediano y largo plazo.
Cuando el presidente Luis Abinader presentó, el pasado 7 de este mes, el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal en el Palacio Nacional, en su acostumbrada rueda de prensa LA Semanal, de los lunes, parecía que todo saldría a pedir de boca. Pero no, nada salió bien. No bien se dio a conocer el proyecto comenzaron las reacciones en contra de la propuesta. Incluso, hubo sectores que alegaron que “así no fue que se habló”, dando muestras de su inconformidad por lo que informó el jefe de Estado.
En todo esto, hay que reconocer la capacidad explicativa del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien habló con rotunda sinceridad ante un país que estaba consciente de lo que venía, porque también hay consenso en que se necesita, pero no con las características del proyecto presentado. Lo peor, y se ha dicho, es que la clase media, según las estimaciones de expertos y de este periódico, cargaría con alrededor del 82% de la nueva carga tributaria resultante de esta reforma.
Sólo el golpe del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI) generó el episodio más fuerte de rechazo, ya que no sólo bajaba el monto exento a la mitad, sino que, además, aplicaría una revalorización de los inmuebles que haría imposible el cumplimiento de este gravamen.
Algunas de las advertencias de la opinión pública es que la reforma, al analizarla a profundidad, no hacía nada por atacar la evasión ni la informalidad, dos talones de Aquiles en las finanzas públicas.
Resultaba contraproducente, también, que el Gobierno proponga ampliar la base del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y unificando la tasa en 18% cuando es la misma administración tributaria la que estima su evasión en más de un 40%. ¿Por qué no caerle atrás a los evasores? ¿Cuándo se pudiera recuperar sólo con disminuir este incumplimiento fiscal?
¿Hay tela por dónde cortar? Por supuesto que sí. El Gobierno no tiene que gastar menos. Lo que tiene que hacer es gastar mejor. Pensándolo bien, si tomamos en cuenta el efecto político que tiene haberla retirado, ahora quizá tampoco hay “mucha moral” para criticar el endeudamiento público, partiendo de que una de las justificaciones de la reforma fiscal era, justamente, quitarle presión a la necesidad de acudir a deuda para cubrir el déficit.
