Nadie lo puede descartar. Todos los dominicanos que gozan de sus derechos constitucionales pueden aspirar a ser Presidente del país. ¿Qué haría yo si llegara a la Presidencia de la República para garantizar el bienestar de la gente? No se trata del qué, sino del cómo hacerlo.
Todos sabemos que hay una deuda acumulada en materia de distribución de riquezas. Crecer no ha sido suficiente en términos económicos, pues no se ha traducido en desarrollo. Las recetas (o teorías) han sido planteadas por todos los que han aspirado a una posición pública.
Aquí hasta un regidor promete hasta lo que sabe que no podrá cumplir. Ahora bien, un Presidente sí tiene la potestad de cambiar un país, respetando siempre los preceptos constitucionales ¿Por qué tratar este tema faltando casi cuatro años para las próximas elecciones? Porque en tiempos de campaña las propuestas abundan. Aquí os dejo mi propuesta:
Economía: bajar el impuesto sobre la renta al 20% para empresas y personas. Obligar a la formalización de todo aquel que interactúe en la economía y castigar la evasión con cárcel, ya que quien evade está robándose las posibilidades de desarrollo de la gente.
Mantendría los incentivos a determinados sectores, siempre que se comprometan a mejorar la productividad y la calidad de empleo. Esta medida sería revisada cada dos años empresas por empresas. Mantener la exención depende del cumplimiento de metas. Aquí entran turismo, zonas francas, empresas fronterizas y sectores que impulsen la innovación tecnológica.
Devolvería un 5% de los impuestos pagados por los consumidores finales, esto con el fin de impulsar la formalización y minimizar la evasión y la informalidad.
La salud estaría libre de impuestos, pero la educación privada preuniversitaria pagaría un 5% de impuestos. Los libros y todo material educativo estarían libre de gravámenes. Toda empresa nacional exportadora, no acogida a algún régimen especial, recibiría un 1% de devolución del impuesto sobre la renta.
Crearía un fondo anual de impulso a las mipymes y su formalización por no menos de RD$5,000 millones para impulsar este sector, incluyendo la adopción de tecnología que facilite su formalización. Por excepción, las microempresas tendrían un monotributo anual.
El Banco Central seguiría siendo una entidad independiente. Fusionaría las superintendencias de Banco y Seguros. Las cooperativas abiertas serían fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y las cerradas o profesionales por Idecoop.
Formalización de la mano de obra en agricultura y construcción mediante un proceso de inscripción patronal, que pagarían un 10% del salario declarado por trabajador. Habría más peajes. Exención de tres años de impuestos para proyectos ecoturísticos. Creación de una dirección nacional de mercados agropecuarios para apoyar a productores locales.
La seguridad ciudadana es otro tema que merece otra publicación especial. Es un tema muy largo.
