[dropcap]E[/dropcap]l Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias (AIRD) están frente a dos grandes retos, ambos relacionados con costos. Luchar contra el monopolio que históricamente han mantenido las organizaciones del transporte de carga y pasajeros y, por otro lado, evitar el pago por adelantado del 50% del Impuesto a las Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) es, sin quizá, un contexto incómodo de describir.
Para los industriales, hay un problema conceptual en lo que es la política del Estado hacia ese sector, el cual queda demostrado al imponer medidas que en nada contribuyen con mejorar la competitividad de quienes tienen la obligación patria de producir para la exportación y suplir el mercado local.
El otro frente lo tiene el Conep, la principal organización del sector privado del país, en su búsqueda de romper el monopolio mayúsculo de la Federación Nacional del Transporte Dominicano (Fenatrado), de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) y de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra), las cuales tienen otras asociaciones afiliadas y que, por vía de consecuencia, son parte del caos.
El Conep entiende que estos gremios, que operan como empresas, deberían organizarse y operar bajo las normas de las sociedades comerciales. De lo que se trata, a decir de los empresarios, es que haya igualdad de oportunidades para todos y se cumpla con el derecho constitucional de la libre elección.
Los transportistas, por supuesto, también tienen derecho a defender su posición y a decir que no existe monopolio. Sin embargo, todo el mundo sabe que es imposible que un camión que no esté afiliado a algunos de sus sindicatos entre a un muelle a retirar una carga. Los “sindicalistas” del transporte también señalan prácticas monopólicas del parte de los empresarios en algunas de las industrias y sectores de servicios más importantes de la economía dominicana.
El Conep solicita al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordene que “en un plazo de cinco días todos los sindicatos del transporte terrestre de carga y de pasajeros que fungen como empresas se organicen como sociedades comerciales, al amparo de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley 31-11, en virtud de que éstos sólo realizan actividades de índole comercial”.
Como bien queda demostrado, los empresarios están ante una situación difícil en materia de defender su posición de lograr mejores niveles de competitividad. Pagar el 50% del ITBIS, o sea, un 9% en Aduanas sin haber iniciado la producción del bien o servicio, representa una carga onerosa para cualquier empresa. A esto hay que agregarle que si la compañía es pequeña el impacto negativo es mucho peor.
Respecto al transporte, independientemente del color del cristal con que se mire, cuando no hay libre elección se corta la posibilidad de que entren otros competidores y de acceder a precios más competitivos.
No sobra decir que los intereses son amplios y profundos en ambos casos, pero también es importante decir que República Dominicana se merece un mercado en el que las reglas de la oferta y la demanda se impongan por sobre todas las cosas.
