Cuando nuestro estimado amigo Guarocuya Féliz estuvo al frente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) impulsó una propuesta de ley de pronto pago, destacando su importancia para proteger y fortalecer a las empresas proveedoras del Estado y del sector privado.
Esta iniciativa también surgió como respuesta a una crisis que involucró a una importante empresa de bebidas y una de las principales cadenas de supermercados. Lamentablemente, el proyecto no se materializó, pese a su importancia.
Una ley de pronto pago es una normativa diseñada para garantizar que las entidades públicas y privadas paguen a sus proveedores, especialmente pequeñas y medianas empresas (pymes), en un plazo establecido.
El objetivo es fomentar la liquidez de los proveedores y reducir los problemas de flujo de caja, promoviendo un entorno económico más estable y justo.
En un contexto económico donde el costo del dinero es particularmente alto, especialmente para las pequeñas empresas y emprendedores, es fundamental que las facturas puedan cobrarse dentro de los primeros 45 días.
Actualmente, las empresas deben inscribir sus facturas ante la DGII y pagar los impuestos correspondientes, incluso sin haber recibido el pago por dichas facturas. Esto genera falta de capital de trabajo para cumplir sus compromisos, situándolas al borde de la quiebra o forzándolas a recurrir a servicios de factoring, sacrificando parte de sus beneficios.
Los beneficios de una ley de pronto pago son:
- Mejora del flujo de caja de las pymes. Las pequeñas empresas dependen de pagos puntuales para cubrir sus costos operativos. Un pago rápido reduce los riesgos de falta de liquidez.
- Reducción del endeudamiento. Las empresas no necesitan recurrir a créditos o financiamiento externo para mantenerse operativas mientras esperan pagos.
- Fomento del crecimiento económico. Al recibir pagos puntuales, las empresas pueden reinvertir en sus negocios, generar empleo y contribuir al desarrollo económico.
- Relaciones comerciales más sólidas. Mejora la confianza entre proveedores y clientes, al demostrar compromiso y cumplimiento en los pagos.
- Estabilidad financiera para las pymes. Se reduce la tasa de quiebras o cierres empresariales causados por problemas de liquidez.
- Competitividad empresarial. Un sistema de pagos más ágil incentiva a las empresas a mejorar su productividad y su oferta de servicios.
En conclusión, implementar una ley de pronto pago no solo beneficiaría a las pymes, sino que también fortalecería el tejido económico nacional al garantizar que los proveedores reciban su dinero en un plazo justo.
Esto contribuiría a una economía más estable, con empresas más competitivas y un entorno de negocios más equitativo para todos los actores del mercado.
