Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) desempeñan un papel crucial en la evolución económica de la República Dominicana y de toda América Latina. Su influencia se extiende más allá de la generación de empleos, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y al fortalecimiento del tejido productivo nacional.
Según datos oficiales, el 99.5% de las empresas formales en Latinoamérica son mipymes, de las cuales el 88.4% corresponden a microempresas. Estas generan el 61% del empleo formal en la región, lo que evidencia su importancia en la estabilidad económica y social.
En la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, el tercer eje contempla iniciativas dirigidas al fomento de la cultura emprendedora, la participación de la mujer en sectores no tradicionales, y el incremento de la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las mipymes.
Impulso a la clase media y políticas de inclusión social
Durante la administración del presidente Danilo Medina (2012-2020), se implementaron programas que fortalecieron la clase media y promovieron la inclusión social.
Uno de los más relevantes fue la creación del Banco Solidario, dirigido por Maira Jiménez, el cual facilitó el acceso al crédito a pequeños emprendedores. Además, a través de las visitas sorpresa, se impulsaron miles de proyectos agroindustriales en comunidades y municipios.
En esta misma línea, la Banca Solidaria y Promipyme se consolidaron como pilares fundamentales para el crecimiento de los productores y suplidores de bienes destinados al sistema educativo, incluyendo las tandas extendidas y el desayuno escolar.
Hacia una Ley de Pronto Pago para las mipymes
Las asociaciones y grupos de emprendedores deben abogar por una Ley de Pronto Pago, que garantice condiciones justas en el cobro de sus productos y servicios.
Es inaceptable que muchas pequeñas empresas tengan que esperar más de 45 días para recibir el pago por sus bienes, especialmente considerando las altas tasas de interés del financiamiento en la República Dominicana. En muchos casos, los emprendedores recurren al factoring, sacrificando parte de sus beneficios para obtener liquidez inmediata.
2025: Año del Cooperativismo
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el 2025 como el Año Internacional del Cooperativismo, destacando su potencial para la inclusión social y la reducción de la pobreza. En este contexto, el movimiento cooperativo tiene la oportunidad de liderar iniciativas como la Ley de Pronto Pago, que beneficiaría tanto a sus socios como al desarrollo económico en general.
Conclusión
Es imperativo que el Estado, las instituciones financieras y el sector cooperativo trabajen de manera conjunta para garantizar condiciones equitativas que permitan su crecimiento y consolidación. La implementación de una Ley de Pronto Pago y el acceso a financiamiento accesible son pasos esenciales para seguir fortaleciendo el tejido empresarial y promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo.
