El Departamento de Justicia anunció hoy que las autoridades de la República Dominicana confiscaron una aeronave marca Dassault Falcon 2000EX utilizada por Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural sancionada, a petición del Gobierno de los EE. UU. debido a violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones de los EE. UU.
“El uso de piezas fabricadas en los EE. UU. para reparar y mantener aeronaves operadas por entidades sancionadas como PDVSA es intolerable”, dijo Devin DeBacker, jefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia, junto con sus socios federales de la ley, continuará protegiendo nuestra seguridad nacional identificando, interrumpiendo y desmantelando esquemas destinados a obtener bienes estadounidenses en violación de nuestras sanciones y leyes de control de exportaciones”.
“El anuncio de hoy – el decomiso de una aeronave sancionada utilizada por el régimen de Maduro – demuestra claramente que las sanciones y las leyes de control de exportaciones tienen consecuencias,” dijo el secretario adjunto en Funciones Kevin J. Kurland para la Oficina de Cumplimiento de Exportaciones del Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad (BIS). “BIS continuará investigando agresivamente y responsabilizando a aquellos que violen nuestras regulaciones”.
En agosto de 2019, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva (EO) 13884, que, entre otras cosas, prohíbe a las personas de los EE. UU. participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente en nombre de PdVSA. En virtud de la EO, el 21 de enero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó 15 aeronaves como propiedad bloqueada según la ley de los EE. UU., que generalmente prohíbe las transacciones de personas de los EE. UU. dentro (o en tránsito) de los EE. UU. que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades bloqueadas.
Según la investigación de los EE. UU., en julio de 2017, PdVSA compró el avión Dassault Falcon 2000EX de los EE. UU. y lo exportó a Venezuela, donde fue registrado bajo el número de cola YV-3360. Tras la imposición de sanciones a PdVSA y la identificación del avión Dassault Falcon 2000EX como propiedad bloqueada de PdVSA, el avión fue mantenido y reparado en múltiples ocasiones utilizando piezas de los EE. UU. El mantenimiento incluyó un ensamblaje de frenos, pantallas electrónicas de vuelo y computadoras de gestión de vuelo: todo en violación de las leyes de control de exportaciones y sanciones de los EE. UU.
Según una declaración pública emitida por OFAC, desde enero de 2019, el avión Dassault Falcon 200EX ha transportado al Ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Salvador Quevedo Fernández, quien también está sancionado por el Gobierno de los EE. UU., a una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en los Emiratos Árabes Unidos, y ha sido utilizado para transportar a altos funcionarios del régimen de Maduro en una continuación de la malversación de activos de PdVSA por parte del régimen.
El Departamento de Justicia anunció previamente en septiembre de 2024 el decomiso de una aeronave Dassault Falcon 900EX en la República Dominicana que era propiedad y estaba operada en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas afiliadas a él en Venezuela.
La Oficina de Campo de BIS en Miami está investigando el caso con la asistencia de la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI en Miami. Los fiscales asistentes de los EE. UU. Jorge Delgado y Joshua Paster del Distrito Sur de la Florida y el fiscal de juicio Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están manejando el asunto. Los fiscales asistentes de los EE. UU. Jonathan D. Stratton y Ajay J. Alexander del Distrito Sur de Florida también brindaron asistencia.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y HSI en Santo Domingo brindaron asistencia significativa al trabajar con las autoridades de la República Dominicana. Los Estados Unidos agradecen a la República Dominicana por su asistencia en este asunto. La responsabilidad de probar la imputación para ser confiscado el activo en un procedimiento de decomiso recae sobre el gobierno.
