La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó que el dominicano Fermín Montilla, de 45 años, fue condenado a nueve años de prisión por su participación en una operación de contrabando de personas que provocó la muerte de once extranjeros.
“Las operaciones de contrabando de personas no sólo violan la ley estadounidense y amenazan nuestra seguridad nacional, sino que también ponen en peligro la vida de los migrantes objeto de contrabando y resultan en muertes como en este caso”, dijo en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.
Según los documentos judiciales, el 12 de mayo de 2022, Montilla conducía una embarcación que transportaba a 48 personas de República Dominicana a Puerto Rico, con la intención de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Durante la travesía, la embarcación zozobró y once personas murieron ahogadas.
Por su parte, Antoinette T. Bacon, funcionaria supervisora de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo que los traficantes de seres humanos “amenazan” la seguridad nacional.
“Explotan a personas vulnerables con fines lucrativos sin tener en cuenta su seguridad. La División Penal está comprometida con la eliminación de estas organizaciones criminales transnacionales de contrabando y con la protección del público y de quienes puedan ser víctimas de ellas”, afirmó Bacon.
El 13 de septiembre de 2024, Montilla se declaró culpable de un cargo de introducir extranjeros en Estados Unidos en un lugar distinto de un puerto de entrada designado.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional estadounidense (HSI, en inglés) en Puerto Rico investigó este caso, con la asistencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., la Patrulla Fronteriza de EE.UU., la Guardia Costera de EE.UU., y la Oficina de Policía de Puerto Rico.
La fiscal Angela Buckner de la Sección de Derechos Humanos y Acusaciones Especiales de la División Penal y la ayudante especial del Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico, Helena Daniel, de la Guardia Costera de EE.UU., se encargaron de la acusación.
Además, la investigación se está llevando a cabo en el marco del programa ‘Extraterritorial Criminal Travel Strike Force’ (ECT), una asociación conjunta entre la División Penal del Departamento de Justicia y la HSI.
El programa ECT se centra en las redes de tráfico de seres humanos que pueden presentar riesgos particulares para la seguridad nacional o la seguridad pública, o plantear graves problemas humanitarios.
En junio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió formalmente al Congreso una nueva propuesta legislativa para aumentar las penas recomendadas para los traficantes de seres humanos más prolíficos y peligrosos.
“El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal continuarán trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales para llevar ante la justicia a quienes trafican con extranjeros ilegales y desmantelar sus organizaciones criminales”, aseveró Muldrow.
