Don Eduardo Estrella es un político experimentado que ha desempeñado diversas funciones que le han aportado conocimientos y criterio para afrontar con eficiencia y éxito los proyectos y tareas que se proponga. Por ello, confiamos en que podría obtener mejores resultados que su antecesor al frente del Ministerio de Obras Públicas.
Este ministerio tiene una función clave en la organización del tránsito, ya que bajo su jurisdicción se encuentra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (IntrantT), organismo responsable de supervisar, dirigir y regular la movilidad en el país. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado avances significativos para reducir el caos vial ni la elevada cantidad de accidentes, víctimas fatales y pérdidas económicas que estos generan.
Una de las primeras acciones que sugerimos al nuevo ministro es realizar un recorrido por las principales avenidas y autopistas del país para identificar de primera mano los errores, obstáculos y deficiencias que contribuyen a los accidentes de tránsito. A pesar de ser evidentes, muchos de estos problemas no han sido atendidos oportunamente.
El Intrant, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Ministerio de Obras Públicas podrían trabajar en conjunto para analizar las causas, frecuencia y gravedad de los accidentes, con el objetivo de implementar soluciones efectivas. Esto no requeriría grandes sumas de dinero, sino más bien un enfoque basado en el criterio técnico y el sentido común.
Como ciudadanos, sin ser expertos en la materia, podemos observar que es urgente intervenir los cruces peligrosos en las autopistas, eliminar obstáculos que reduzcan la visibilidad, corregir curvas mal diseñadas, mejorar la señalización, restaurar las barreras de protección y reparar zanjas y hoyos en las vías. Asimismo, es necesario regular las paradas imprudentes de camiones y reforzar las sanciones a conductores irresponsables, quienes tienen una gran cuota de responsabilidad en los accidentes.
Por otro lado, el ministro puede ejercer presión para que, de una vez por todas, el Intrant y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cumplan con la disposición del Artículo 161 de la Ley 63-17. Su correcta aplicación podría reducir los accidentes en más de un 30%, un impacto significativo que evitaría el sufrimiento de miles de familias y reduciría el gasto estatal, que actualmente supera los 150,000 millones de pesos anuales en atenciones médicas y otros costos asociados a los accidentes de tránsito.
Esperamos que el nuevo ministro asuma con determinación este reto y que, con una gestión eficiente, pueda marcar una diferencia en la seguridad vial del país.
