El sector eléctrico de República Dominicana ha avanzado en los últimos años, impulsado por inversiones en proyectos de generación, especialmente en fuentes renovables como solar y eólica. No obstante, la electricidad sigue siendo una carga para el Estado, que enfrenta desafíos significativos en la distribución, el hurto, el aumento de la demanda y la falta de equipos para medir y facturar. Desde 2021 hasta 2023, el Gobierno ha transferido US$3,445 millones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDE) para cubrir déficits persistentes.
El informe Monitoreo Energético “Pérdidas en la distribución de energía, capacidad de transmisión y soluciones tecnológicas”, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), indica que las transferencias a estas empresas ascendieron a US$660 millones en 2021; US$1,444 millones en 2022; y US$1,341 millones en 2023.
Señala que los subsidios al sector se duplicaron en los últimos dos años respecto a 2021, alcanzando un 4.5% de los ingresos fiscales en ese año y estimándose en un 8.3% y 7% para 2022 y 2023, respectivamente. Los autores del informe destacan que un factor clave detrás del aumento de los subsidios son las pérdidas energéticas en la distribución, que superan el 20%.
Entre las tres distribuidoras, Edenorte reporta el menor aumento en pérdidas con un 1%, mientras que EdeSur alcanza un 2%. EdeEste se encuentra por encima de la media histórica con un incremento del 21.7% respecto al período 2017-2019 y del 16.6% comparado con 2020-2024. Esta última distribuidora presenta pérdidas que duplican las de Edesur y Edenorte.
Para abordar esta problemática, el informe propone soluciones tecnológicas innovadoras que han sido poco discutidas hasta ahora. Sugiere la implementación de tecnologías digitales modernas para monitorear el consumo y mejorar los procesos de facturación. Entre estas tecnologías destacan sistemas inalámbricos de comunicación y procesamiento de datos en tiempo real.
Citó dos esquemas tecnológicos relevantes: la infraestructura de medición avanzada (AMI) y la lectura avanzada de medición (AMR), que utilizan medidores eléctricos “inteligentes”. AMI permite una comunicación bidireccional entre los usuarios y las empresas distribuidoras, mientras que AMR ofrece opciones más limitadas.
Los beneficios potenciales asociados con AMI incluyen reducción de costos operativos, mayor precisión en la facturación y detección rápida de averías. Además, resalta que los usuarios en mercados eléctricos avanzados pueden programar su consumo para ahorrar durante horas pico gracias a tarifas horarias.
Otra alternativa propuesta es “reconductar” las líneas existentes para aumentar su capacidad sin incurrir en costos elevados por nuevas torres o estudios ambientales. Esta estrategia, aseguran, podría resultar en ahorros sustanciales al duplicar la capacidad de transmisión con cables más eficientes.
El informe subraya que la situación actual exige una mayor generación eléctrica, preferiblemente renovable, para mitigar el impacto del aumento de precios de hidrocarburos. “Una combinación óptima entre fuentes renovables y convencionales es esencial para mejorar la capacidad del sistema eléctrico, junto con futuros servicios de almacenamiento energético”, puntualiza el informe.
