En los últimos años, los programas de ayuda social en República Dominicana han sido objeto de debate. Aunque estos programas tienen como objetivo aliviar la pobreza y brindar apoyo a los sectores más vulnerables, su implementación y expansión, especialmente desde la pandemia de covid-19, han generado preocupaciones sobre su sostenibilidad y efectividad.
Desde el inicio de la pandemia, los subsidios sociales han aumentado significativamente, lo que, en principio, parecía una respuesta necesaria para mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Sin embargo, este incremento ha puesto en evidencia un problema estructural: la dependencia creciente de la población hacia estos programas.
Creo, y lo puedo reafirmar, que, en lugar de ser una solución temporal, los subsidios se han convertido en una herramienta recurrente para paliar las deficiencias de un modelo económico que no logra generar suficientes oportunidades para todos. Los subsidios alimentan la pobreza, no logran sacar a nadie de ese estado.
El éxito de un gobierno no debería medirse por la cantidad de personas que ingresan a los programas de ayuda social, sino por cuántas logran salir de ellos. Cada nuevo beneficiario es un recordatorio de que más dominicanos están cayendo en la pobreza, lo que refleja un fracaso en la creación de un modelo económico inclusivo y sostenible.
Mientras más personas dependan de los subsidios, más evidente se hace la incapacidad del sistema para ofrecer alternativas reales de desarrollo y progreso. Aquí me surge una pregunta: ¿Para qué ha servido el crecimiento económico? No cuadra la expansión del PIB con el ingreso de más personas a los programas de subsidios del Estado.
Los datos hablan por sí solos. Más del 51% de la población dominicana depende de algún tipo de ayuda social del Gobierno. Esto equivale a más de 5.5 millones de personas, una cifra que ha crecido un 45% en los últimos cinco años. Este aumento no solo es alarmante, sino que también refleja la incapacidad de los gobiernos para implementar políticas económicas que reduzcan la pobreza de manera sostenible.
El programa “Supérate”, por ejemplo, ha visto un incremento significativo en el número de beneficiarios desde 2020. En ese año, 962,431 hogares recibían asistencia a través de este programa, pero para 2024, esa cifra aumentó en 528,745 hogares adicionales. Este crecimiento exponencial debería ser motivo de reflexión para quienes han gobernado el país en las últimas dos décadas, ya que evidencia un modelo económico que no logra sacar a las personas de la pobreza.
Es crucial que los líderes políticos hagan un mea culpa y reconozcan que el aumento en la dependencia de los subsidios sociales no es un logro, sino un síntoma de un sistema fallido.
En lugar de celebrar estas cifras, deberían enfocarse en diseñar políticas públicas que promuevan la autosuficiencia, la creación de empleo y el acceso a la educación. Solo así se podrá romper el ciclo de pobreza y dependencia que ha caracterizado a estos programas durante décadas.
