Desde su implementación en 2020, el programa “Burocracia Cero” ha tenido un impacto en la administración pública dominicana. Su principal objetivo es mejorar la eficiencia de los trámites y reducir las barreras burocráticas que afectan tanto a ciudadanos como a empresarios. Esta iniciativa, impulsada por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en colaboración con el Ministerio de la Administración Pública (MAP), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Presidencia de la República, busca transformar digitalmente los servicios públicos del país.
El programa ha logrado impactar a 71 instituciones y ha simplificado 362 trámites, los cuales representan el 73% del gasto público destinado a trámites. De los 2,500 procedimientos existentes, la fase inicial se centró en los 300 más representativos y relevantes para la ciudadanía. Gracias a esta estrategia, se logró una reducción del 50% en los tiempos de tramitación, lo que se traduce en una mejora en la competitividad del país. Además, la reducción de la burocracia ha generado un ahorro cercano al 1% del producto interno bruto (PIB) durante los cuatro años de implementación del programa, lo que refleja un avance en la eficiencia del sector público.
Según un estudio realizado en 2019, el costo de la burocracia representaba un 4.7% del PIB en República Dominicana, lo que reflejaba el tiempo que ciudadanos y empresarios destinaban al cumplimiento de los procedimientos administrativos. Este dato fue obtenido mediante una metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacando el impacto social que conlleva la tramitología y la permisología, áreas que el programa “Burocracia Cero” busca resolver.
Uno de los elementos más innovadores de este esfuerzo es la digitalización y automatización de los trámites. Sin embargo, este proceso no es tan sencillo como digitalizar los procedimientos burocráticos existentes. Para que la transformación digital sea efectiva, es necesario que las instituciones cuenten con sistemas interoperables que puedan comunicarse entre sí de manera segura y eficiente.
A la vez, el país se encuentra entre los primeros 20 países a nivel mundial en implementar un sistema de interoperabilidad basado en la plataforma X-Road, un modelo estonio que garantiza la seguridad de los datos y minimiza los riesgos de ciberataques.
El objetivo de esta interoperabilidad es permitir que los sistemas del Estado compartan información de manera fluida, evitando duplicar esfuerzos y reduciendo la carga sobre los ciudadanos, quienes ya no necesitarán proporcionar los mismos datos múltiples veces. Este enfoque no solo beneficia a los usuarios de servicios públicos digitales, sino que también tiene en cuenta a aquellos ciudadanos que prefieren realizar sus trámites de forma presencial, garantizando una omnicanalidad adaptada a las necesidades de todos.
¿Cómo inicia?
El marco legal que respalda el programa comenzó con el Decreto 640-20, como parte de una estrategia nacional de competitividad. A partir de este, se implementó la Ley 167-21, que establece la mejora regulatoria y la simplificación de trámites, otorgando facultades al MAP para impulsar la mejora de los servicios públicos. Esta fue complementada por el Decreto 486-22 que reglamentó la ley, estableciendo los procedimientos para su ejecución, y el Decreto 707-22 marcó una segunda fase del programa, que incluía la creación de la Unidad de Gestión de Resultados del programa, que consolidó las responsabilidades del MAP, OGTIC y CNC para abordar de manera integral la simplificación de trámites y servicios.
A lo largo de su ejecución, el programa ha tenido desafíos, entre ellos la necesidad de revisar y actualizar las normativas existentes. Muchas de las leyes vigentes en el país, algunas con más de 30 años, no se ajustaban a las demandas de un entorno más eficiente y tecnológico. Para abordar este reto, el programa se ha centrado en la simplificación de los procesos, eliminando requisitos innecesarios y mejorando la experiencia del usuario, lo que resulta en un ahorro de tiempo y recursos tanto para los ciudadanos como para las instituciones.
