De acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), al cierre de 2024 las instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas, registran la cantidad de 730,901 empleados. Eso es el 29.9% del total de empleos formales en el país, ya que las empresas privadas tienen 1,708,185 trabajadores, que son el 70.1%, de un total de 2,439,086 empleados.
Se puede decir, de un lado, que son más de 730,901 los empleados del Estado, toda vez que hay instituciones autónomas con sistemas de protección social separados de la Ley 87-01 de Seguridad Social, por lo que no cotizan ante la TSS.
Pero, en todo caso, el hecho de que los empleados del Estado sean alrededor de un tercio del total de la fuerza laboral activa “formal” en el país, ya es mucho, tal vez, demasiado. Incluso, se puede tener la certeza de que las instituciones del Estado pudieran operar de manera efectiva con la mitad de los trabajados que tiene en la actualidad.
Lo anterior es cierto. No hay dudas de que la nómina pública está abultada, con el factor adicional de que el salario promedio de los empleados del Estado es mayor que en el sector privado, a pesar de que todavía hay poco más de 66,000 trabajadores del Gobierno que devengan sueldos por debajo del mínimo establecido de RD$10,000 mensuales. Aún así, el salario promedio cotizable de los empleados públicos en la TSS es de RD$41,959.40 mensuales, mientras que en el sector privado es de RD$33,569.70.
Pero volviendo al tema de la cantidad de empleados. Sí, es verdad que la nómina pública está sobrepasada, pero ¿sería conveniente reducirla o hacerlo podría provocar un problema mayor y quizás más costoso?
Veamos. Supongamos que el Gobierno decidiera depurar la nómina pública y estableciera que el Estado puede operar de forma adecuada con unos 400,000 empleados en lugar de los casi 731,000 que tiene (mal contados, pues son más de ahí). En caso de tomar esa decisión, se estaría hablando de despedir o desvincular, como se dice ahora, a más de 330,000 trabajadores.
Imagínese que de un porrazo la tasa de desempleo aumentara en 330,000, con lo que se presionaría aún más la informalidad laboral que es de un 56% en la actualidad. Pero, además, uno se pregunta si el sector privado, tanto en formalidad como en informalidad, tiene la capacidad de absorber a esos 330,000 trabajadores si empleo. Es seguro que no la tiene.
Por tanto, no resulta fácil disponerse a reducir la cantidad de trabajadores del Estado solo por el hecho de que sean demasiados, pues ello conllevaría a un agravamiento de la situación económica, con más desempleo, mayor demanda de asistencia social del propio Estado, posiblemente incremento de la delincuencia, reducción de la producción y de la productividad, así como desaceleración de la economía.
La economía es circular y los empleados públicos, aunque representan una carga económica para el Estado, por los salarios que cobran, a su vez se convierten en entes consumidores y lo que consumen con el salario que devengan en el Estado lo hacen en los comercios y empresas del sector privado, con lo que hacen dinámicos los negocios con la circulación propia de las actividades económicas.
Otro aspecto es el relacionado con la cantidad de trabajadores del sector público que, por la labor que realizan, el Estado no puede prescindir de ellos. Por ejemplo, hay poco más de 40,000 agentes policiales y se necesitan más. En las fuerzas armadas posiblemente sean alrededor de 60,000 la cantidad de guardias en los distintos institutos castrenses y se requiere su labor.
De ahí podemos ir a otras áreas más sensibles, como la educación, donde hay alrededor de 128,000 profesores activos y también se necesitan más, y en el sector salud están las decenas de miles de médicos y por igual de enfermeras. Profesionales que también son insuficientes, dada la demanda de sus servicios a través del sector público.
Eso posible que, entre militares, policías, maestros, médicos y enfermeras, el Estado agrupe a no menos de 300,000 empleados, lo cuales no pueden ser movidos. Entonces, al reducir la nómina habría que mirar a los otros 400,000, muchos de los cuales son de áreas administrativas también de importancia y necesarios en el aparato estatal. En resumidas cuentas, si bien la nómina pública es alta, su reducción no parece fácil, ni conveniente.
