La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), que agrupa a las principales entidades empresariales y de la sociedad civil, saludó el hecho de que los poderes políticos hayan comenzado a producir consenso sobre las personas que deben integrar la Junta Central Electoral (JCE), como lo evidencia el aplazamiento de la elección de los integrantes del organismo, dispuesta por el Senado de la República.
“Todavía estamos a tiempo para materializar nuestra demanda fundamental de un diálogo político-social fructífero para renovar no sólo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas”, plantearon, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en el Centro Bonó.
Además del Centro Bonó, la IDEM la integran representantes de organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amcham-DR), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo (AEIH), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia) y el Centro Juan XXIII.
Las entidades abogan por la escogencia de “personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas”.
“Más allá de las ternas presentadas por la comisión senatorial que evaluó a más de 200 aspirantes a integrar la JCE, se baraja públicamente una nómina de cinco posibles titulares, sobre dos de los cuales parece haber consenso: Julio César Castaños Guzmán, para presidente, y Roberto Saladín”, planteó la IDEM.
“Aunque el primero no fue presentado a la comisión evaluadora, reúne el perfil adecuado, avalado por su larga carrera pública y los ocho años en que fue titular del mismo organismo, los últimos cuatro como presidente. Carmen Imbert Brugal también parece reunir el perfil deseado, reconociéndosele integridad y capacidad”, aseguró.
“Nos preocupa que los otros dos que completarían los titulares, de acuerdo a la nómina extraoficial publicada, tengan claras vinculaciones partidarias, y antecedentes de fuertes cuestionamientos en funciones públicas”, planteó.
“Es el caso de Henry Mejía y Freddy Bolívar Almonte quienes, siendo miembros de la Cámara de Cuentas en 2008, fueron acusados por la Cámara de Diputados de violación a la Constitución de la República, y a las leyes de Cámara de Cuentas, de Función Pública y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado, además de nepotismo, soborno e ineficiencia”, indicó.
Recordó que “el escándalo fue tal que hubieron de renunciar para evitar el juicio político que les preparaba el Senado de la República”.
Las organizaciones sostuvieron que “aunque entre los más de doscientos evaluados por la comisión senatorial, había muchos que podrían reunir el perfil deseado, parece que entre los 15 preseleccionados para escoger los titulares, y otros tantos para suplentes, predominan los que tienen sello partidario, incluyendo dos de los actuales titulares cuestionados y otros ocho funcionario de la JCE, que aunque son sujetos de derecho, implicarían una negación a la renovación planteada hasta por altos funcionarios gubernamentales y dirigentes de los diversos partidos”.
La IDEM planteó, en la rueda de prensa, “lamentamos que previamente no se modificara la Ley Electoral para eliminar la condición de abogado para integrar la JCE, como determinó la Constitución del 2010 y que en aún no se haya podido avanzar en modernizar el sistema de elección definiendo una metodología que en primer lugar estableciera el perfil de las posiciones y luego realizara rigurosas evaluaciones”.
Además, que la “la JCE que se elija tendrá serios retos por delante, comenzando por asumir el liderazgo en los esfuerzos para consensuar y aprobar sin más dilación la reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos, partiendo de sendos proyectos introducidos al Congreso por los titulares que terminan su gestión”.
