[dropcap]U[/dropcap]na clarinada de cordura resonó al final en la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), un proceso que ocupó la atención de la clase política dominicana en los últimos meses y que llevó al sector empresarial y a organizaciones de la sociedad civil a demandar, a través de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), que el órgano estuviera integrado por personas con un perfil aceptado para la mayoría.
No todos quedaron complacidos, el IDEM, por ejemplo objetó abiertamente a Henry Mejía, debido a que en 2008 se vio envuelto en un juicio político cuando se desempeñó como integrante de la Cámara de Cuentas.
De su lado, los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la principal organización opositora, se retiraron previo a la votación, aunque aclararon que no se oponían a los elegidos (encabezados por Julio César Castaños Guzmán), sino a la forma unilateral en que, según alegaron, los impuso el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Sin embargo, el Senado se sujetó a la cordura si recordamos que al principio los legisladores del PLD estaban dispuestos, y así lo expresaron, a dejar la JCE bajo la tutela de Roberto Rosario, repudiado por toda la oposición.
El proceso que obligó a empresarios y a la sociedad civil a intervenir en búsqueda de consenso, aún no termina. Faltan por escoger los miembros de la Cámara de Cuentas y del Tribunal Superior Electoral. Además, monseñor Agripino Núñez Collado tiene sobre la mesa la discusión de una reforma a la ley electoral y la creación de una ley que regule a los partidos políticos.
