El Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), estableció que las autoridades no han sancionado a ningún funcionario por violación a la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y a su Reglamento de Aplicación (Decreto 92-16).
Un análisis del Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel, que desarrolla el PED en conjunto con el Centro Juan XXIII, deplora la falta de aplicación del artículo 14 de la citada ley, el cual imputa “faltas graves de tercer grado” a los funcionarios que dejen de declarar sus bienes y el de su comunidad conyugal, una obligación que deben cumplir ante la Cámara de Cuentas, dentro del plazo de un mes después de ser escogido o de dejar el cargo.
Fernando Ferrán, director del PED, destacó que “no se conoce de ningún funcionario que, antes del pasado 17 de agosto o con posterioridad a esa fecha, haya sido sancionado según manda el artículo 14 de la ley y el capítulo 6 de su reglamento de aplicación”.
Explicó que el PED, adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre Alemán, escogió una muestra de 49 funcionarios entre los que, según la respuesta ofrecida por la Cámara de Cuentas el pasado 26 de octubre, faltaban seis por presentar su declaración jurada de patrimonio: la Presidenta del Tribunal Superior Administrativo; los alcaldes de los municipios Santiago, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte; así como los encargados de las unidades de compras y contrataciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Ministerio de Salud Pública que tiene un presupuesto programado de más de RD$75,836.7 millones para 2017.
El análisis deplora que al menos 4,727 funcionarios están violando la Ley 311-14 y el Decreto 92-16. En ese contexto, refiere a un documento remitido por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General, del cual se establece que entre los que deberían recibir sanciones por inobservancia de la ley figuran 5 senadores, 143 diputados, 21 viceministros y 6 gobernadores provinciales.
Además, que el 91% de los 5,183 funcionarios que se estiman deben transparentar sus bienes, violan disposiciones legales para los que existen claras sanciones establecidas.
Entre los avances, el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel, resalta que “se ha podido constituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio”. Además, que las autoridades notifican “de manera adecuada” a los funcionarios que deben cumplir con ese mandato.
Pese a ello, deplora el hecho de que sólo 5% (de 5,183) de los funcionarios obligados a transparentar sus bienes han cumplido a tiempo con esa obligación. Además, de que el 4% lo hizo fuera del plazo establecido.
Ferrán, director del PED y catedrático investigador de la PUCMM, recordó que el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre Alemán busca contribuir al fortalecimiento de transparencia en la sociedad dominicana y al fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
Exhortó a los profesionales de la comunicación social y a todos los sectores de la sociedad, a seguir los esfuerzos del PED que, al igual que otras iniciativas del mundo académico dominicano, busca aportar al proceso de construcción de una República Dominicana más equitativa.
Recordó que los boletines de los distintos laboratorios del PED están disponibles en la página web de la PUCMM (http://pucmm.edu.do/investigacion/centro-estudios-economicos/pedd).
