En medio de la investigación que sigue a la tragedia en la discoteca Jet Set, donde al menos 232 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas tras el colapso de su techo, el Ministerio Público ha recurrido a una herramienta legal que ha suscitado controversia: la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Esta decisión plantea interrogantes sobre su aplicación en un caso que, a priori, parece ser un accidente.
El economista y especialista en lavado de activos Roberto Mella Cohn expresa su preocupación ante esta medida, al indicar que utilizar esta ley en un contexto tan delicado es motivo de alarma para quienes valoran el Estado de derecho y el debido proceso.
Según reportes de medios locales, las diligencias relacionadas con la tragedia están siendo realizadas bajo el marco de la mencionada ley, específicamente en lo que respecta a la inmovilización de fondos. Mella Cohn considera inquietante esta situación, dado que hasta ahora no se han presentado evidencias públicas que indiquen delitos precedentes claros relacionados con el accidente.
“A menos que el Ministerio Público haya identificado delitos previos tipificados, no parece razonable ni proporcional utilizar una legislación tan poderosa como la Ley de Lavado de Activos”, afirmó Mella Cohn, quien también es socio-fundador de RMC Risk Management y Compliance. Explica que esta ley tiene como objetivo principal combatir el patrimonio derivado de actividades delictivas graves y exige al Ministerio Público una carga probatoria considerable para demostrar que los bienes involucrados están vinculados a delitos previos.
El experto antilavado subrayó que es esencial presentar “indicios razonables” que demuestren que el origen de los activos es ilícito. “Hasta este momento, no se ha publicado información que establezca dicha conexión”, cuestionó Mella Cohn. “¿Estamos ante una estrategia preventiva o disuasoria sin base suficientes o existe una determinación técnica seria y fundamentada que no ha sido comunicada?, ¿o estamos frente a una fuente que desinformó?”.
Mella Cohn enfatizó que, aunque la lucha contra el lavado de activos debe ser firme, también debe ser justa. Advirtió que las medidas cautelares como decomisos e inmovilizaciones tienen un impacto real y significativo en lo económico, social y reputacional. Por ello, considera que estas acciones deben reservarse para casos donde se haya demostrado claramente un vínculo con actividades ilícitas conforme a la Ley 155-17.
De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de sentar un precedente peligroso: permitir que cualquier tragedia o situación mediática sea utilizada como justificación para activar mecanismos extraordinarios sin los fundamentos jurídicos necesarios, lo cual podría resultar en la eventual anulación del proceso judicial.
En este sentido, Mella Cohn instó a las autoridades a aclarar públicamente los alcances reales de la investigación y los fundamentos jurídicos detrás de las acciones emprendidas. “Si se trata de una descontextualización o desinformación, es crucial que se rectifique”, agregó.
De acuerdo con información reciente publicada por elDía, “fuentes vinculadas a la Procuraduría” explicaron que esta medida busca preservar el patrimonio involucrado mientras se determina si existe responsabilidad penal o civil. En este contexto, señalaron que, aunque no se investiga al empresario Antonio Espaillat por lavado de dinero, la normativa permite impedir cautelarmente cualquier movimiento económico relacionado con él y sus bienes.
