El juez federal Francisco Besosa, basándose en lo que establece la Ley Promesa, denegó nuevas demandas de fondos de inversión estadounidenses contra el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico para cobrar la integridad de los vencimientos de deuda de las corporaciones de la isla.
Besosa denegó, como ya había hecho el pasado día 3, la petición de acreedores, encabezados ahora por el fondo de inversión Brigade Capital, de quedar sin valor la suspensión de los litigios en los tribunales por el impago de la deuda que establece Promesa.
El juez federal ratificó que la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica o Promesa paraliza automáticamente cualquier demanda de acreedores de las corporaciones de Puerto Rico por impago de vencimientos de deuda con el objetivo de facilitar la recuperación de la isla y que se puedan atender los servicios básicos de la población.
La suspensión automática de las demandas tiene además el objetivo de permitirle al Gobierno de Puerto Rico llevar a cabo negociaciones voluntarias con sus acreedores sin la distracción que supone litigar en los tribunales.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se mostró complacido por la decisión de del juez Besosa.
“Con ese resultado favorable en este importante caso -que requirió dos días de vistas y decenas de alegatos sustantivos contra múltiples demandantes- logramos mantener la operación del Gobierno durante el futuro inmediato”, señaló en un comunicado García Padilla.
El gobernador dijo además que para poder garantizar que el Gobierno siga proveyendo servicios a la ciudadanía al vencer el periodo de paralización de demandas dispuesto en Promesa, el próximo 15 de febrero, es indispensable que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe el Plan Fiscal del Ejecutivo.
El Congreso federal aprobó el pasado mes de junio la Ley Promesa, que establece el camino para la reestructuración de la deuda y que “congela”, hasta el 15 de febrero, las posibles demandas judiciales contra el Gobierno de Puerto Rico por los impagos de sus corporaciones a los acreedores.
El objetivo de esa iniciativa de Washington es que el Ejecutivo local tenga margen de maniobra para continuar su actividad y brindar los servicios públicos esenciales a la ciudadanía, lo que el Gobierno local adujo sería imposible si tuviera que atender a la vez el pago de los vencimientos de deuda de las corporaciones estatales.
Los acreedores pretendían que el Gobierno cumpliera con todos los vencimientos de deuda, algo que no pudo hacer, ante lo que estos respondieron con demandas judiciales que Promesa “congeló”, a lo que trataron de poner fin con peticiones ante la Justicia federal que rechazó el juez Besosa el pasado día 3 y ahora volvió a ratificar.
