La seguridad estructural de las edificaciones en República Dominicana no puede seguir tratándose como un asunto meramente técnico o como responsabilidad privada limitada, siendo una realidad que interpela directamente la sostenibilidad de nuestras ciudades, la protección de las inversiones y, sobre todo, la vida de cada uno de nosotros.
Vivimos en un país de alta exposición sísmica y de fenómenos naturales extremos, donde la antigüedad de muchas edificaciones, la informalidad en procesos constructivos y la falta de mantenimiento representan un riesgo tangible.
Eventos recientes, como el desafortunado derrumbe del techo en la discoteca Jet Set, con un saldo fatal de 232 fallecidos y más de 170 heridos, han demostrado que no estamos ante hipótesis remotas, sino que estamos ante amenazas reales y recurrentes.
Desde esta realidad nace la siguiente propuesta que presento: el anteproyecto para la Ley General de Seguridad Estructural de las Edificaciones Públicas y Privadas, buscando llenar un vacío normativo histórico, con un sistema nacional de gestión, inspección, fiscalización, régimen de consecuencias y promoción de la seguridad estructural, enfocado especialmente en aquellas edificaciones de alta concurrencia.
El proyecto introduce varios hitos importantes:
- Creación del Fideicomiso Público para la Inspección, Mantenimiento y Seguridad de las Infraestructuras (Fipsei), como instrumento de financiamiento transparente, patrimonialmente separado y auditado, para garantizar la ejecución efectiva de las inspecciones y correcciones necesarias.
- Establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Técnica de Infraestructuras (Sineti), una plataforma digital que registrará, clasificará y publicará el estado de las edificaciones públicas y privadas según criterios técnicos homologados.
- Implementación de un sistema de clasificación de riesgo estructural, categorizando las edificaciones inspeccionadas en verde (cumplimiento óptimo), amarillo (deficiencias menores a corregir) o rojo (riesgo crítico que implica clausura inmediata del inmueble).
Para financiar esta estructura, mi anteproyecto plantea una contribución especial anual obligatoria a ser pagada por los propietarios o administradores de edificaciones clasificadas según su nivel de afluencia:
- Baja afluencia: edificaciones con aforo entre 50 y 250 personas RD$3,000 anuales.
- Media afluencia: edificaciones con aforo entre 251 y 1,000 personas pagarían RD$6,000 anuales.
- Alta afluencia: edificaciones con aforo de más de 1,000 personas aportarían RD$10,000 anuales.
A partir de un primer ejercicio de estimación, partiendo de indicadores de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Gran Santo Domingo (GSD) cuenta con aproximadamente 500,000 edificaciones entre viviendas, comercios, instituciones y otras estructuras.
Sin embargo, tomando en cuenta que la Ley de Seguridad Estructural solo aplicaría a edificaciones de uso público o de alto tráfico (comerciales, educativas, institucionales, de servicios, etc.), estimé para el análisis que alrededor del 15% califican dentro del universo sujeto a contribución especial, lo que equivale a unas 65,000 edificaciones.
Estos fondos, administrados por el Fideicomiso Público, serían destinados exclusivamente a inspecciones técnicas periódicas, mantenimientos preventivos, intervenciones de emergencia y capacitación profesional en infraestructura segura, bajo mecanismos de control y rendición de cuentas que incluyen auditorías externas e internas de manera anual y publicación pública de informes de gestión.
La ventaja de esta política pública es más que clara, ya que prevenir colapsos estructurales cuesta una fracción de lo que implica responder a una tragedia en términos de vidas humanas, litigios legales, pérdidas patrimoniales y daños reputacionales al país.
Este anteproyecto de ley no busca burocratizar el sector de la construcción ni penalizar el desarrollo urbano; al contrario, pretende ordenarlo, protegerlo y fortalecerlo, estableciendo estándares modernos y financiados de manera equitativa entre quienes más se benefician del uso del espacio urbano colectivo.
No actuar sería perpetuar la cultura de la improvisación, el costo humano y financiero que conlleva; y es que, a través de esta propuesta, podemos aspirar a que República Dominicana dé un paso firme hacia la infraestructura segura, sostenible y económicamente inteligente que nuestro presente, y sobre todo nuestro futuro, exige.
