Con la finalidad de enfrentar la creciente problemática del robo de ganado, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, encabezó una reunión regional junto a representantes de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y diferentes asociaciones de ganaderos, principalmente de la zona este del país.
Rivero recordó la existencia de la Ley 61-23, que sanciona el delito de abigeato o robo de ganado, y reafirmó su compromiso de continuar luchando para aportar soluciones efectivas a una problemática que no solo representa pérdidas económicas, sino también una amenaza para la esperanza y el modo de vida de cientos de familias que tienen en la ganadería su sustento.
Dijo que la actividad ganadera constituye un pilar importante de la economía nacional.
Al referirse a los esfuerzos de las autoridades para que se aplique la ley, el asesor citó que “hay un interés porque la justicia trabaje de forma diversa, y nosotros, que somos los afectados, tenemos que ser parte de esto”. “Debemos poner el esfuerzo no solo en recuperar, sino también en colaborar hasta que se pueda llevar a la justicia a esas personas”, expresó.
En la reunión participaron, en representación de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), el coronel Fausto Tomás Aquino, comandante de la Unidad Anticuatrerismo, así como el señor Héctor García, representante de la Procuraduría General de la República. Ambos reiteraron su compromiso con la justicia y con garantizar la seguridad de los propietarios de ganado.
Mientras, los ganaderos hicieron un llamado enérgico a las autoridades para que actúen con mayor contundencia frente al robo de ganado, situación que describieron como “desesperante”, ya que, aunque en muchos casos se logra el arresto de los responsables, estos son liberados a los pocos días.
Además, solicitaron mayor vigilancia en los puestos estratégicos de las carreteras, señalando que muchas veces los animales son transportados. Recomendaron aplicar sanciones a quienes compran carne o animales robados.
En representación del sector pecuario, además de Rivero, estuvieron presentes los subdirectores de Ganadería, Luis Sánchez Falete y Milton Núñez.
La Ley 61-23, aprobada en 2023, fue creada con el propósito de castigar el delito de abigeato en la República Dominicana. Esta normativa establece penas de prisión que van de dos a diez años, dependiendo de la gravedad del delito.
