El eslogan popular “República Dominicana lo tiene todo” se asocia con la actividad turística, sin embargo, la minería no es la excepción, ya que el país cuenta con reservas de oro, plata, cobre, hierro, ferroníquel, aluminio, ámbar, bauxita y larimar, convirtiendo este último a Quisqueya en el único lugar en el mundo que ostenta esta piedra semipreciosa.
Datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) indican que la actividad minera representa el 2% del producto interno bruto (PIB) dominicano y el 7% del valor agregado generado en los últimos cinco años dentro del rubro industrial.
Al ser abierta la economía de República Dominicana, es decir, que depende del mercado internacional, cuando hay incertidumbre en el ámbito mundial, la minería se erige como un sector contracíclico, manteniendo el balance de la economía, debido a que otros rubros se ven afectados.
Este planteamiento corresponde al ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, quien participó en el conversatorio “Minería: ¿Progreso o conflicto? El presente y el futuro de la minería en República Dominicana”, organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd).
“Desde el punto de vista de comercio exterior y desde el punto de vista de su aporte a la estabilidad de la balanza de pagos del país, la minería juega un papel crucial”, precisó. De hecho, en 2024, las exportaciones de productos minerales alcanzaron los US$1,712.7 millones, mientras que las recaudaciones del sector minero totalizaron RD$18,000 millones.
Santos Echavarría afirmó que la posición del Gobierno respecto a la minería es clara: está a favor. Sin embargo, destacó la importancia de la sostenibilidad ambiental en los procesos de extracción minera, al tiempo de resaltar la necesidad de fortalecer “la parte medioambiental y mejorar las condiciones de la comunidad”.
Tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales supervisan y verifican los datos en materia medioambiental de las empresas extractoras.
“Si queremos desarrollar la minería, lo primero que tenemos que mostrar es que las comunidades alrededor de las zonas mineras sean una vitrina. Es decir, que se note verdaderamente que se han desarrollado gracias a la minería”, enfatizó.
De su lado, el titular de la Dirección General de Minería, Rolando Muñoz, afirmó que el nivel de desarrollo que han mantenido las provincias donde se desarrollan proyectos mineros es “mucho mejor” que donde no hay minería.
Indicó que el índice de pobreza en la provincia Sánchez Ramírez era de 57.8% en 2008, pero que en 2023 fue de 41%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd). Señaló, además, que la provincia Monseñor Nouel ostenta el nivel de pobreza más bajo, que es de un 20%, gracias a la actividad minera.
No obstante, La Altagracia y San Juan tienen niveles de pobreza que alcanzan un 51% y 61%, respectivamente.
Leyes
El ministro de Energía y Minas admitió que la ley que regula la minería en República Dominicana data del 1971, por lo que enfatizó la necesidad de su modernización. “La tecnología del año 1971 no tiene nada que ver con la tecnología de hoy”, señaló Santos Echavarría.
Además, consideró que la nueva legislación tiene que abordar los procedimientos de otorgamiento de concesiones para lograr más inversión extranjera directa (IED).
Datos del MEM establecen que el sector minero ha captado US$1,224.3 millones en IED en los últimos cuatro años.
La ley también debe incluir aspectos que permitan fortalecer el catastro minero, así como un régimen de consecuencias para los que incurran en prácticas mineras ilegales. Pero además, la legislación debe adaptar los fondos mineros para que colaboren de una manera más específica y transparente con las comunidades.
El director general de Minería señaló que el anteproyecto de ley de reforma a la minería está consensuado en más de un 80%, y podría ser depositado ante el Congreso Nacional a mediados de junio.
Aporte de la minería
Durante el evento, donde se desarrolló un panel, el economista Ríchard Medina vio positiva la actividad minera en el país, siempre que se haga de acuerdo con la ley por empresas reconocidas. De hecho, este sector genera “progreso y desarrollo”.
Según él, del total de exportaciones nacionales, un 31% son de la minería. “En los últimos 14 años, la minería ha ingresado por inversión extranjera directa neta de repatriación de beneficios más de US$5,100 millones, un 11% de todo lo que hemos recibido”, informó.
Medina explicó que la minería ingresó al país más de US$500 millones por inversión extranjera directa (IED) durante la pandemia del coronavirus. Asimismo, refirió que la cantidad de empleos directos que generan las mineras es de 9,000 aproximadamente.
Barrick
La presidente de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, explicó durante su participación, que todas las actividades económicas generan un impacto en la naturaleza. No obstante, precisó que las operaciones mineras implican inversión de alta tecnología, que incluye criterios medioambientales. De hecho, enfatizó que el trabajo de esa minera respeta los estándares internacionales en materia de sostenibilidad ambiental.
Reconoció que esta actividad implica el corte de árboles, no obstante, Barrick cuenta con un plan de reforestación. En ese sentido, detalló que se han reforestado 2.5 millones de metros cuadrados, además de los planes de biodiversidad y especies endémicas.
Asimismo, afirmó que la minería es una de las actividades más auditadas. Informó que cada tres meses se hacen monitoreos ambientales participativos, encabezados por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
“Cotizamos en bolsa. Nosotros tenemos que dar la información al público, y de hecho, cada año emitimos un informe de sostenibilidad que viene un tercero y verifica ese informe”, puntualizó.
Ante la pregunta sobre la oposición a la expansión de la presa de cola y a la actividad minera en la zona, Barceló alegó que eso responde a “personas que se han infiltrado con interés económico”. “Estos grupos externos y también la politización que hemos tenido de la minería es lo que realmente ha afectado”, lamentó.
De acuerdo con Barceló, Barrick Pueblo Viejo está construyendo un pueblo con 653 casas, que tendrá escuela primaria, escuela secundaria, un politécnico, guardería, un centro de atención primaria, canchas deportivas y parques. Además, cada familia tendrá un plan de medios de vida.
¿Oposición?
El presidente del Codessd, Samuel Sena, destacó el rol crucial de la sociedad civil de defender los intereses de la ciudadanía. “La sociedad civil no está para obstaculizar procesos, sino en ejercer con seriedad y con ética una veeduría social para que las cosas que puedan promover se realicen en entornos saludables con aspectos técnicos que puedan ser medibles”, manifestó.
Entre las propuestas de la sociedad civil destacan: apertura de un diálogo nacional estructurado con actores comprometidos en la búsqueda de soluciones, la promoción de una nueva ley minera que reconozca la realidad del país con alta densidad poblacional, vulnerable al cambio climático y con necesidad urgente de diversificar su economía.
Asimismo, la garantía de mecanismos de auditoría social permanente sobre los proyectos extractivos, implementación de fondos de desarrollo local con supervisión multisectorial, que aseguren que los beneficios lleguen directamente a las comunidades y también la creación de una mesa nacional de minería, que cuente con participación del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil para definir reglas claras, innegociables y verificables.
Tierras raras
El titular del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que están avanzadas las exploraciones de tierras raras en el país. De hecho, se han recolectado y analizando pruebas para determinar la viabilidad de extracción.
“La idea es que en el tercer trimestre de este año podamos declarar recursos, es decir, podamos confirmar el valor bruto de tierras raras que el país posee”, precisó al tiempo de subrayar que se requerirá de un proceso para determinar los valores netos.
Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La Ley 64-00 dispone la entrega a los municipios de un 5% de los beneficios netos generados por las actividades de extracción de recursos naturales no renovables. En ese sentido, el economista Ríchard Medina explicó que cada empresa minera tiene un contrato distinto con el Estado, por lo que los aportes a las comunidades son diferentes.
“Todas tienen que hacer el aporte al Gobierno, que a su vez, lo distribuye, pero esos acuerdos también permiten que el Gobierno delegue o les dé la opción a esas empresas de hacer el aporte directamente en nombre del Estado”, apuntó.
Medina consideró que un proyecto de ley de minería nacional, que se someta en el futuro, debe definir en base a qué se cobra el 5% y cómo debe ser administrado. Propuso la creación de un fondo soberano, donde se reúna el dinero de la renta minera, y se destine a obras específicas. Actualmente, la empresa minera pasa ese dinero al Gobierno, que es quien lo distribuye.
