Durante el transcurso de esta semana, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) acaba de anunciar la decisión tomada por su Junta Monetaria, en su última sesión del mes de junio, la cual implica la liberalización de 81,000 millones de pesos correspondiente al Encaje Legal; esto como respuesta a la ralentización en el ritmo de expansión de la economía dominicana durante los primeros meses del año que transcurre.
Estos recursos, a decir del BCRD, deberán ser colocados por los intermediarios financieros a una tasa no mayor al 9.0% anual y a plazos de hasta dos años, para sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva como la construcción, el comercio, la exportación, la agropecuaria, al igual que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
A todas luces, esta medida de la Junta Monetaria parece oportuna, sobre todo con un Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) que registró un crecimiento de 2.5% interanual durante los primeros cuatro meses del 2025, al tiempo que mostraba una expansión promedio interanual de solo 1.5% en los meses de enero y febrero.
Como parece obvio, todos los caminos de esta medida conducen a la búsqueda de una dinamización de la economía en un contexto marcado por incertidumbre global debido al nuevo conflicto bélico entre Israel e Irán, a la guerra que no termina entre Ucrania y Rusia, así como a la ofensiva que ha desatado Donald Trump con el establecimiento de aranceles al resto del mundo, y las respuestas de China y la Unión Europea.
No se tiene claro si el monto de los 81 mil millones es suficiente para reactivar la economía dominicana, pero es indiscutible que esta acción de la Junta Monetaria representa un giro estratégico que podría tener un impacto importante en el sistema financiero, quien contará con una mayor liquidez para financiar a los sectores productivos que fueron declarados como potenciales beneficiarios de estos recursos.
Conviene decir, que liberar recursos de encaje legal, que normalmente están inmovilizados en el BCRD, podría generar un efecto multiplicador inmediato sobre la inversión, el empleo y la demanda interna, principalmente si, al final, estos fondos son canalizados adecuadamente.
Lo que aún no me queda claro es que las MIPYMES se puedan beneficiar de los 81 mil millones liberados, pues a un plazo máximo de dos (2) no existen posibilidades de que una micro, pequeña o mediana industria pueda tomar un préstamo para, por ejemplo, comprar una maquinaria y pagarla en 24 meses. Ni a cero tasa de interés que le presten. Y es que, sin menospreciar la buena intención de la medida, quienes normalmente acceden a estos recursos son los grandes comerciantes y empresas de servicios de gran tamaño, quienes mueven amplios volúmenes en efectivo y de corto plazo.
A fin de cuentas, lo importante es que, como siempre, el BCRD tiene una actitud proactiva frente a la marcha de la economía y, en este caso, ha tomado una medida de política monetaria evidentemente expansiva, con bajo costo reputacional y sin grandes riesgos macroeconómicos inmediatos. Se espera que la medida de marras tenga un impacto positivo sobre la economía, pero esta debe ir acompañada de mecanismos de seguimiento, transparencia y acompañamiento a los sectores descritos como beneficiarios.
