Un año después de que comenzara el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia y que cuenta con el aval de la ONU, la gran asignatura pendiente continúa siendo acabar con la violencia en el país caribeño, donde, pese a algunos avances, las bandas armadas siguen aterrorizando a la población.
El 25 de junio de 2024 llegó a Puerto Príncipe un primer contingente de 400 policías kenianos, dando inicio así al despliegue de la misión, que un año después está dotada con un millar de soldados y agentes de otros países como Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador.
Si bien su objetivo era garantizar el retorno de la paz junto a la Policía haitiana, la violencia continúa siendo la gran protagonista y solo en los primeros meses de este año al menos 2,680 personas murieron, según datos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por lo que entre la población se multiplican las voces que hablan de ineficacia a la hora de combatir a las bandas.
Una violencia de la que tampoco escapa la Misión Multinacional: en este tiempo al menos dos de sus miembros han muerto y otro ha resultado herido.
En Puerto Príncipe, muchos se quejan de que no se ve a los miembros de la MSS por las calles y que permanecen cerca de su base, situada en las proximidades del principal aeropuerto de la capital, el Toussaint Louverture, cerrado desde noviembre a causa de los ataques armados.
La inseguridad no cesa pese a algunos avances
En la carretera que conduce a la comuna de Kenscoff, al este de Puerto Príncipe, una patrulla compuesta por cuatro blindados con policías kenianos se encamina hacia la pequeña localidad de Furcy, según puede comprobar EFE.
Actualmente en esta zona, antes bajo control de las bandas, se ha recuperado parte del territorio, aunque las señales de lo vivido son evidentes, con iglesias y casas destruidas, entre ellas una que perteneció al expresidente René Preval.
Un avance que destacan los vecinos, quienes reconocen los esfuerzos conjuntos de miembros de brigadas de la comuna y la Policía Nacional de Haití (PNH), con el apoyo de las fuerzas kenianas.
No obstante, algunos de los miembros de esos cuerpos de seguridad tienen críticas hacia los kenianos y aseguran que, en especial tras la muerte de dos de sus agentes en el departamento de Artibonite, se quedan en el interior de los blindados sin combatir sobre el terreno.
Mientras, los miembros de brigadas hablan de problemas de coordinación entre efectivos haitianos y kenianos porque la ausencia de traductores genera una barrera lingüística que repercute negativamente en la eficacia de las operaciones conjuntas.
A ello se sumaría una colaboración que algunos tachan de deficiente y la falta de recursos.
Al respecto, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) indica que los miembros de la misión “no disponen de los medios adecuados y suficientes para llevar a cabo operaciones a gran escala y desplazarse en gran número”, e insta a tomar en serio las críticas de que los blindados de la PNH y la Misión Multinacional son vehículos de transporte de tropas pero no de combate.
La conclusión de la Rnddh es clara: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití, con la ayuda de la Misión Multinacional, “parecen, en conjunto, incapaces de frenar la amenaza terrorista”.
De hecho, en este año de presencia de la MSS se han perpetrado al menos una decena de masacres y ataques armados en Haití, una violencia que no cesa.
Las bandas siguen haciéndose con el control de zonas (en este tiempo el terreno en manos de las bandas ha pasado del 80 al 85% en la región metropolitana de Puerto Príncipe), lo que obliga a la población a huir, hasta el punto de que el número de desplazados ronda los 1.3 millones, más de la mitad de ellos menores.
La última acción de la MSS es la creación de una base de operaciones avanzada en el puerto de la Autoridad Portuaria Nacional, con el fin de establecer “la protección de las infraestructuras nacionales críticas”.
Por el contrario, no se ha liberado ninguna carretera nacional, donde los grupos armados tienen instalados sus peajes.
La violencia se une a la crisis sociopolítica, económica y humanitaria en Haití, un país donde la celebración de elecciones en noviembre parece cada vez más incierta por motivos de seguridad, pese a que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finalizará el 7 de febrero de 2026.
