La falta de transparencia y la impunidad siguen siendo dos de los mayores obstáculos para el desarrollo de mercados justos y sostenibles en nuestra región. Lejos de ser excepciones, estas prácticas están arraigadas en muchas operaciones comerciales, y afectan de manera directa a uno de los sectores más vulnerables en términos de carga financiera: la clase media.
En lugar de promover confianza y estabilidad, muchas instituciones financieras operan bajo esquemas que resultan incomprensibles para sus usuarios y que, en no pocos casos, terminan perjudicándonos económicamente. Lo más alarmante es que el liderazgo político y social parece no tener voluntad de enfrentar estos problemas.
Los seguros en préstamos hipotecarios
Uno de los ejemplos más claros de esta situación es el modelo actual de financiamiento hipotecario. A los deudores se les exige contratar dos tipos de seguros: uno sobre la propiedad y otro sobre la vida del prestatario. Estos seguros tienen como finalidad cubrir el saldo pendiente de la deuda en caso de fallecimiento o pérdida de la propiedad. No obstante, la forma en que están estructurados dista mucho de ser justa o transparente.
Primero, muchas instituciones financieras mantienen la prima calculada sobre el monto total del préstamo, incluso cuando este se ha ido reduciendo con los pagos mensuales de capital. En caso de siniestro, la aseguradora solo paga el saldo restante de la deuda, no el total asegurado inicialmente, lo que plantea una clara disonancia entre lo que se paga y lo que se cubre.
Peor aún, algunas entidades cobran primas muy superiores a las que realmente pagan a las aseguradoras, apropiándose de la diferencia como si asumieran algún riesgo adicional.
Un modelo que beneficia al intermediario
El diseño del modelo actual favorece abiertamente a las instituciones financieras: • Las primas del seguro se calculan de forma conservadora y rara vez se ajustan al saldo decreciente del préstamo.
Cuando hay baja siniestralidad, las aseguradoras devuelven parte de la prima al banco, no al cliente.
• El deudor no recibe ningún beneficio ni participación en ese retorno.
• Este esquema reproduce una lógica de extractivismo financiero, donde las ganancias del sistema se construyen a costa de la desinformación y la imposibilidad de elección por parte del usuario.
¿Qué hacer como ciudadanos?
Ante esta realidad, los deudores deben asumir un rol más activo. Es fundamental que:
Soliciten al banco el desglose de los montos que pagan, incluyendo los seguros.
Exijan información clara sobre las condiciones, duración y beneficiarios de las pólizas.
En caso de negativa o sospecha de irregularidades, acudan a los organismos supervisores y defensores del consumidor financiero.
Asimismo, los reguladores y legisladores tienen la responsabilidad de revisar este modelo y promover un marco normativo que garantice mayor transparencia, libertad de elección y equidad en las operaciones de crédito.
Conclusión
La vivienda es un derecho fundamental, y el acceso a financiamiento para adquirirla debe estar basado en principios de justicia, claridad y protección al consumidor.
Las actuales condiciones de contratación de seguros hipotecarios atentan contra estos principios y constituyen una carga injustificada para la clase media.
Es hora de poner fin a la opacidad en estos contratos y exigir un sistema financiero que respete y beneficie a todos los actores, no solo a las entidades que lo dominan.
