En el marco de un encuentro privado con sus socios y con la participación del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible y alertó sobre los riesgos que implica el proyecto de ley que pretende modificar la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, destacó que dicha ley, aprobada en 2020 tras casi una década de construcción técnica y consenso multisectorial, ha permitido al país dar pasos firmes hacia una economía circular real, generando innovación, empleos verdes y modelos de negocio sostenibles.
Luciano señaló que según la Encuesta Nacional de Actividad Económica 2023, cerca del 25% de las empresas dominicanas separa o trata residuos, el 34% invierte en prevención de contaminación y casi un 18% ya genera empleos verdes, cifras que confirman que el sector privado ha asumido compromisos tangibles con la sostenibilidad.
Sin embargo, advirtió que la reforma en debate amenaza con debilitar pilares fundamentales de la ley vigente, comprometer la trazabilidad de los residuos y abrir riesgos de concentración de mercado, afectando la transparencia, la libre competencia y la confianza de los inversionistas.
La directiva también expresó su preocupación por la intención de alterar la estructura de gobernanza del Fideicomiso DO Sostenible, al excluir a Ecored y al Ministerio de Hacienda, incorporando actores que podrían fungir como juez y parte, lo que distorsionaría el equilibrio público-privado.
Ante este escenario, Luciano insistió en que la solución no es desmontar el marco legal actual, sino fortalecer su implementación, revisar técnicamente los puntos necesarios y asegurar coherencia con los compromisos y marcos climáticos, la taxonomía verde y finanzas sostenibles.
Ecored propuso la creación de mesas público-privadas y un diálogo multisectorial efectivo para enriquecer la legislación con base en datos y estudios, evitando retrocesos que limiten la capacidad del país de atraer inversiones sostenibles.
“La sostenibilidad no puede retroceder cuando ya tenemos evidencia de avances concretos. Estamos aquí para construir soluciones técnicas y viables, no para desmontar consensos logrados”, subrayó la presidenta.
