Hace unas semanas, bajo un sol hiriente en Tamayo, un municipio de la provincia Bahoruco, un joven me miró con firmeza y me dijo: -Doctor, aquí no hace falta más caridad. Hace falta que nos tomen en serio-. No pedía favores. Estaba formulando una demanda política profunda: respeto institucional, acceso a oportunidades, condiciones para crecer.
Ese momento me recordó lo que Hirschman definía como “la voz de los excluidos del juego económico”. Y me confirmó que el problema de fondo no es la falta de esfuerzo individual, sino el diseño estructural del modelo que habitamos.
Durante más de dos décadas, República Dominicana ha sido líder en crecimiento económico regional. Entre 2000 y 2023, el producto interno bruto (PIB) real creció a una tasa promedio anual de 5.3%, muy por encima del promedio de América Latina, que fue de apenas 2.1% en el mismo período, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, este crecimiento no ha sido acompañado por una redistribución equitativa ni por una mejora sustancial en la calidad de vida de la mayoría.
Hoy, el 56.2% de la población ocupada trabaja en la informalidad (ONE, 2024); el 75.3% de los jóvenes entre 18 y 29 años que trabajan no están afiliados a la seguridad social (CNSS, 2023); y el 62% de los hogares dominicanos no logra cubrir una canasta ampliada con sus ingresos mensuales (BCRD, 2023). A eso se suma que solo el 13% de los trabajadores accede a algún tipo de protección frente al desempleo, lo cual nos coloca entre los peores de América Latina en términos de seguridad económica laboral.
No hay manera de justificar esa contradicción sin admitir que el crecimiento económico, en nuestro caso, ha sido desarticulado, segmentado y débilmente institucionalizado.
El modelo dominicano ha favorecido a sectores de alto dinamismo macroeconómico, pero de bajo coeficiente de empleo formal y bajo encadenamiento local. La inversión extranjera directa, que en 2023 superó los US$4,300 millones (CEI-RD), se concentra en turismo, energía y telecomunicaciones, mientras sectores como agroindustria, manufactura local y tecnología permanecen marginados del estímulo fiscal y de las políticas de innovación.
Al mismo tiempo, el gasto público en formación técnico-profesional representa apenas el 0.18% del PIB, según el último informe del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD, 2023), muy por debajo del promedio regional, que ronda el 0.45%. Además, más del 50% de ese presupuesto se ejecuta sin una matriz de impacto laboral ni articulación con las necesidades reales de los territorios.
Esto se traduce en lo siguiente: en la provincia de Valverde, el 64% de los empleadores agrícolas no encuentra técnicos capacitados para operar maquinaria o implementar procesos de riego eficiente (Infotep, 2023). En Santiago, más de 1,000 vacantes en zonas francas de manufactura ligera quedaron sin cubrir durante el segundo semestre de 2024. Y en San Juan, donde el desempleo juvenil supera el 30%, la única oferta formativa pública con salida laboral está a más de 90 kilómetros del casco urbano.
No es una cuestión de voluntad individual, es una falla estructural de diseño y asignación. Desde el Defensor del Pueblo, hemos recibido más de 8,000 denuncias vinculadas a vulnerabilidad económica estructural en los últimos dos años. Personas que trabajan, pero no cotizan. Que emprenden, pero no acceden a crédito. Que aportan, pero no figuran. Son, como diría Atkinson: “los invisibles del sistema distributivo”.
Por eso hemos propuesto transformar el Idoppril en un seguro de cesantía y desempleo, bajo un esquema tripartito, con transparencia institucional y cobertura progresiva. Este modelo -similar al de Uruguay o Chile- permitiría reducir el riesgo individual y aumentar la estabilidad del sistema formal. Según la OIT, cada 10% de trabajadores protegidos frente al desempleo reduce en 2.5% la tasa de pobreza en tiempos de crisis.
También planteamos una reestructuración fiscal que supere el actual modelo regresivo. En 2023, el 80% de la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) provino de consumidores de ingresos bajos y medios, según datos de la DGII, mientras las exenciones fiscales superaron los RD$300,000 millones. Es hora de simplificar y progresivizar, como lo ha hecho Colombia, donde la última reforma tributaria aumentó en un 22% los ingresos sin afectar a las mipymes ni a los más vulnerables.
Pero no basta con cambiar cifras. Hay que cambiar la forma de pensar el Estado. Necesitamos dejar atrás el modelo del Estado gendarme y avanzar hacia el Estado catalizador del que hablaba Douglass North: aquel que reduce los costos de transacción, garantiza derechos y habilita el ejercicio de la libertad productiva.
Imagínese usted que una joven de El Seibo abre una pequeña repostería desde su celular, accede a microcréditos digitales en 48 horas, emite facturas electrónicas sin pagar intermediarios y cotiza automáticamente para su pensión. Imagínese un técnico agrícola en Monte Plata que obtiene su certificación en línea, se conecta con compradores en mercados internacionales y recibe capacitación sin tener que viajar a la capital. Eso no es una ilusión. Es economía política aplicada con visión institucional.
La productividad, entendida como eje central de todo proceso de desarrollo, no puede florecer en medio de la precariedad. Requiere bienes públicos esenciales: agua, salud, transporte, seguridad jurídica, conectividad. Como decía Sen, “las libertades reales son las que permiten convertir el crecimiento económico en vida digna”. Y esas libertades, en la República Dominicana, siguen secuestradas por un sistema que no se ha decidido a corregir sus fallas estructurales.
Cuando aquel joven de Tamayo me pidió que lo tomáramos en serio, lo hizo en nombre de millones. No pedía asistencialismo, exigía ciudadanía económica. Esa que solo se logra con políticas públicas bien diseñadas, con recursos bien asignados, y con instituciones que entiendan que el Excel no es el país: el país es su gente.
Ahí comienza el verdadero desarrollo. Y con él, la justicia.
