Para cualquier ciudadano, cuyo presupuesto no le permita grandes holguras, la adquisición de un bien -especialmente un inmueble- representa un acontecimiento de vital importancia.
Esta situación se vuelve aún más compleja cuando se realiza a través del sistema financiero, que implica asumir deudas con tasas de interés elevadas, como las que predominan en nuestro país. A esto se suman cargos legales, comisiones de gestión, primas de seguros sobre el bien adquirido y, en muchos casos, un seguro de vida.
En relación con este último, algunos bancos no lo exigen como obligatorio, mientras que otros aceptan el endoso de una póliza existente del solicitante. Sin embargo, esto no suele aplicarse al seguro de propiedad.
En la mayoría de los casos, los bancos obligan a contratar este seguro a compañías con las que mantienen convenios o pólizas madre, cuyas primas suelen ser más altas que las que el cliente podría conseguir si se le permitiera contratar con su intermediario o aseguradora de preferencia. Esto, a pesar de que los bancos están en la obligación de presentarle al cliente por lo menos tres opciones de compañías de seguros para esos fines.
Es fundamental que los adquirientes de inmuebles comprendan la importancia de esta cobertura. La póliza debe proteger contra riesgos que realmente podrían afectar la propiedad, como terremotos, explosiones, incendios y huracanes, que son los más comunes. Sin embargo, también existen otros peligros como inundaciones, motines, huelgas, actos maliciosos o, incluso, el impacto de vehículos pesados, que pueden no estar contemplados en la póliza contratada por imposición bancaria.
Lo recomendable es asegurar la propiedad por su valor de reposición, es decir, el costo de reconstrucción en caso de siniestro. De no ser así, en caso de pérdida total, el seguro solo cubrirá el saldo de la deuda con el banco, dejando al prestatario con la pérdida del inicial, las mejoras realizadas y el capital ya pagado, que en la mayoría de los casos representa un monto superior al del préstamo pendiente.
En un artículo anterior destacábamos la falta de transparencia en estas operaciones. Muchos bancos no ofrecen a sus clientes información clara sobre el desglose del monto de la prima ni los límites de cobertura.
En algunas instituciones, las primas impuestas son considerablemente más elevadas que las que el mercado asegurador cobraría por la misma protección si el cliente pudiera contratarla directamente.
Por ello, se sugiere a los deudores hipotecarios acercarse a sus bancos y solicitar información detallada sobre el estado de sus seguros: qué riesgos están cubiertos, por qué montos, y qué queda fuera de la cobertura.
En caso de encontrar deficiencias, es posible contratar pólizas adicionales que complementen la protección de su patrimonio. Esto es especialmente relevante hoy, cuando los riesgos son cada vez más frecuentes y los daños más severos.
