Uno de los desafíos más urgentes pero menos visibilizados de la política pública en República Dominicana es la desconexión creciente entre el ciudadano que paga impuestos y la administración estatal de los recursos que se captan por esa vía.
Este es un país donde gran parte del esfuerzo tributario descansa sobre una base formal relativamente estrecha, resultando en que cada vez más es necesario que las discusiones sobre aumento en la recaudación vayan acompañadas de un diálogo sincero sobre legitimidad, confianza y valor público.
Durante años, el debate fiscal ha girado en torno a cuánto recaudar, de quién y con qué fines, sin embargo, la experiencia demuestra que la clave ya no está solo en aumentar ingresos, sino en demostrar al contribuyente que sus aportes tienen sentido, destino y retorno social visible.
La ciudadanía no se opone a contribuir con el Estado, no obstante, persiste una percepción de desconexión entre lo que se aporta y los resultados que se ven reflejados en el territorio. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta crecientes demandas para financiar infraestructura, servicios públicos, resiliencia climática y desarrollo local, muchas veces con estructuras de gestión que requieren ser fortalecidas para responder con mayor eficacia.
Frente a esto, urge repensar cómo se gasta, cómo se asigna, y sobre todo, cómo se involucra a la población en las decisiones sobre inversión pública. Se propone acercar los impuestos a la gente a través de mecanismos fiduciarios territoriales, pero el desafío requiere ir más allá de la descentralización simbólica: se trata de reconfigurar las estructuras que sostienen la relación entre el Estado y su ciudadanía tributaria.
Desde mi experiencia en la estructuración de fideicomisos públicos de diversas naturalezas -infraestructura vial, fiscalización, energía renovable, entre otros- considero que el camino más viable y transformador pasa por una figura robusta: la creación del Fideicomiso Matriz Nacional de Inversión Territorial, liderado por el Ministerio de Hacienda y Economía, que articule y supervise una red de fideicomisos públicos vinculados municipales o provinciales, con reglas claras, trazabilidad real y participación efectiva.
Esta propuesta no busca fragmentar el poder fiscal, sino redistribuirlo con sentido y control, para que el gasto público deje de ser una caja negra y se convierta en una caja transparente, y a la vez, democratice el acceso, la ejecución y la rendición de cuentas de la inversión pública a nivel territorial.
Este modelo permitiría:
- Preservar la unidad y disciplina fiscal, ya que el Ministerio mantiene el control de los flujos financieros, las reglas operativas y la priorización nacional.
- Establecer criterios técnicos comunes, como indicadores de eficiencia, porcentajes máximos de gasto corriente, y estándares de rendición de cuentas.
- Facilitar la descentralización operativa, permitiendo que cada municipio gestione proyectos definidos localmente, pero dentro de una estructura fiduciaria consolidada.
En cuanto a los fideicomisos públicos vinculados municipales o provinciales operarían bajo principios de participación, claridad normativa y alineación territorial. Para ello, es clave que cuenten con comités fiduciarios locales con voz y voto, integrados por representantes del gobierno local, la sociedad civil, el sector productivo y la academia.
Además, se regirían por reglamentos operativos bien definidos, que establezcan con precisión los tipos de proyectos elegibles, los mecanismos de control, y las formas de supervisión y rendición de cuentas.
Asimismo, estos fideicomisos deben estar estrechamente vinculados a los Planes de Ordenamiento Territorial y a los ejercicios de Presupuesto Participativo, garantizando que las inversiones respondan a necesidades reales y consensuadas dentro de cada comunidad.
Esta estructura no solo otorga legitimidad al gasto, sino que promueve el desarrollo de una nueva cultura de corresponsabilidad ciudadana en la inversión pública. El Fideicomiso Matriz pudiera, y debería, estar acompañado de una plataforma digital nacional que muestre en tiempo real:
- La ejecución física y financiera de cada proyecto por municipio.
- Los montos transferidos y utilizados.
- Las empresas contratadas y los avances de obra.
- Indicadores de impacto económico y social.
Este sistema se integraría al SIGEF y a los sistemas de compras públicas ya existentes, ofreciendo a cualquier ciudadano la posibilidad de seguir el dinero público paso a paso.
Pero, proponer sin ejecutar es teoría vacía. Por eso, el Distrito Nacional puede ser el escenario ideal para un plan piloto de fideicomiso público vinculado, bajo el Fideicomiso Matriz Nacional de Inversión Territorial.
Con el Ministerio de Hacienda y Economía, el piloto de DN permitiría:
- Probar la operatividad de la estructura matriz-vinculados.
- Evaluar resultados reales de eficiencia, transparencia y participación.
- Generar aprendizajes institucionales para escalar el modelo a otras provincias o sectores.
El Distrito Nacional, por su densidad poblacional, visibilidad política y capacidad operativa, puede demostrar que otra forma de hacer política fiscal e inversión pública sí es posible.
Aunque algunos podrían temer que la implementación de este modelo erosione el control presupuestario central, lo cierto es que, cuando se diseña adecuadamente, contribuye a fortalecer la sostenibilidad fiscal. Los recursos continuarían siendo recaudados, presupuestados y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Economía, lo que garantiza que la autoridad fiscal permanezca centralizada.
Los fideicomisos municipales operarían mediante transferencias reguladas, sujetas a techos y condiciones establecidos en la Ley de Presupuesto, y su ejecución estaría plenamente integrada a los sistemas nacionales de control, fiscalización y auditoría. En lugar de perder control, el Estado gana en legitimidad, eficiencia y confianza ciudadana, consolidando así un nuevo modelo de gestión pública más transparente y territorialmente conectado.
Y no, no nos estaríamos inventando el agua tibia, ya que este modelo cuenta con referentes en América Latina. En países como México, Colombia y Ecuador, se han implementado estructuras fiduciarias donde un fideicomiso público central transfiere recursos a fideicomisos subnacionales para ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo local.
Estos esquemas han demostrado que es posible mantener el control fiscal centralizado mientras se mejora la eficiencia y pertinencia territorial del gasto, siempre que existan reglas claras, supervisión estatal y trazabilidad en la ejecución.
Conclusión
La legitimidad fiscal no se decreta: se construye. Y los fideicomisos públicos, estructurados desde una lógica nacional con descentralización operativa, representan una vía institucional sólida para lograrlo.
Con un Ministerio de Hacienda y Economía que lidera, un marco normativo que respalda, y ciudadanos que participan y vigilan, podemos rediseñar el pacto fiscal dominicano desde la confianza, la transparencia y la corresponsabilidad.
No se trata de fragmentar el poder del Estado, sino de distribuirlo con inteligencia. No se trata de descentralizar por moda, sino de ejecutar donde más impacto tiene. Y no se trata de inventar algo nuevo, sino de usar lo que ya tenemos para servir mejor.
